La fórmula del Gobierno para que los jubilados sean autónomos va directa al fracaso: «Nadie la va a coger»

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 27/05/2026 05:45
  • Actualizado: 27/05/2026 05:45

La nueva medida aprobada por el Gobierno este martes para que los jubilados se conviertan en autónomos y sigan trabajando y cotizando a la Seguridad Social a cambio de cobrar la pensión va directa al fracaso, según fuentes de este colectivo, que aglutina a más de tres millones de trabajadores.

«La medida es una anécdota, porque ya existe la jubilación activa, que es la que utilizan los autónomos. No la va a coger nadie o muy poca gente», asegura una fuente del colectivo. «El Gobierno lo que tiene que hacer es dedicarse a lo realmente importante para los autónomos: reformar el RETA de una vez por todas», señalan otras fuentes del colectivo. Lorenzo Amor, presidente de ATA, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que los autónomos ya pueden acogerse a la jubilación activa.

El Gobierno ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a los incentivos para que los ciudadanos se jubilen cada vez más tarde, y sigan trabajando y cotizando para reducir en lo posible el agujero de las pensiones, que aumenta cada año. La deuda es ya de 126.000 millones de euros.

Ahora, los asalariados que se jubilan podrán ampliar su jornada a entre un 33% y un 80%, frente al 25%-75% que había antes. Y la opción se amplía a los jubilados que quieran ser autónomos o montar un negocio por su cuenta, algo que antes no se podía.

Pero sí existía la jubilación activa, por la que los autónomos que querían seguir trabajando lo podían hacer. «Es lo que importa y lo importante. Lo otro es una anécdota que no criticamos, pero que el impacto va a ser mínimo», aseguran fuentes de las organizaciones de autónomos.

La jubilación activa ya está en vigor para los autónomos y permite a este colectivo ser jubilados y seguir trabajando y cobrar el 45% de la pensión el primer año, que va aumentando hasta cobrar el 100% de la pensión al quinto año.

Pero el colectivo de los autónomos demanda -sin criticar la medida aprobada este martes- que desde el Gobierno se dediquen plenamente a lo que realmente importa a los autónomos.

Por ejemplo, el paso al RETA de los mutualistas, que se ha aprobado este martes también en comisión en el Congreso con la abstención de PP, Vox y Junts. Ahora tiene que aprobarse en el Pleno.

El problema es que los autónomos que están cotizando en mutualidades van a recibir una pensión peor, por lo que están demandando pasar al RETA para tener una pensión mejor. Pero quieren pasar al RETA con toda su cotización realizada hasta ahora, no con límites que les reduzcan la pensión en el futuro.

El Gobierno ha vetado la posibilidad de convertir aportaciones a una mutualidad en cotizaciones a la Seguridad Social a los mutualistas que ya tienen el periodo mínimo cotizado (15 años) en el sistema público para acceder a una pensión contributiva, como pedía el PP.

Otra de las reivindicaciones es que el Gobierno apruebe el IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Así está hecho en otros países de Europa, como Portugal o Francia, donde los autónomos sólo presentan una factura de IVA al año, lo que les permite ahorrar unos 600 euros anuales.

Mientras los autónomos piden cambios urgentes de calado y no pequeños parches que no solucionan nada, el Gobierno sigue buscando cómo reducir el agujero de las pensiones incrementando los ingresos del sistema.

La medida aprobada este martes ayudará, pero la deuda sigue creciendo porque los gastos aumentan cada vez más por la subida lineal de las pensiones con el IPC y por el ingreso en el sistema de muchos jubilados. La deuda es ya de 126.000 millones y todo apunta a que volverá a subir ahora en junio para pagar la extra en otros 10.000 millones.

Y eso que en estos momentos hay récord de afiliación a la Seguridad Social; el Gobierno ha subido las cotizaciones a empresas y autónomos, y las transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado al sistema de pensiones aumentan cada año y ya rozan los 50.000 millones de euros.