El Fiscal pide los correos de Cano, Goirigolzarri y Sevilla sobre la relación de BBVA y Villarejo

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 11/02/2022 19:32
  • Actualizado: 11/02/2022 23:18

La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su apoyo a la petición de Antonio Béjar (exdirector de riesgos de BBVA e imputado por el caso Villarejo) de acceder a los correos de varios exdirectivos del banco sobre la relación de éste con el comisario jubilado. Entre otros, pide que pueda examinar los de Ángel Cano (exconsejero delegado), José Ignacio Goirigolzarri (predecesor de Cano y actual presidente de CaixaBank) y José Sevilla (consejero delegado de Bankia antes de la fusión).

Los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro se adhieren parcialmente a un recurso presentado por el abogado de Béjar, Javier Gómez Bermúdez, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra un auto que le denegaba el acceso a estos correos, que dicho abogado había olvidado incluir en su petición inicial.

El juez de apoyo, Joaquín Gadea, había rechazado esta petición, pero la Fiscalía entiende que «es absolutamente pertinente, necesario y útil como estrategia de defensa» que un investigado pueda acceder a los correos de los que él es remitente o destinatario, por lo lo contrario vulneraría sus derechos.

Los fiscales consideran que los correos de Goirigolzarri son relevantes porque «fue conocedor de las razones de por qué se pidió la investigación patrimonial y porqué se contrató a Kroll». Según su escrito, el conocimiento de su contenido puede apoyar la línea de defensa de Béjar según la cual él se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores, algo que también se aplica en el caso de Cano.

En cuanto a Sevilla, Anticorrupción estima que «los correos podrían ser importantes desde tal perspectiva para su defensa en la línea de poder acreditar si actuó dentro de lo encomendado por la entidad o, como se expone por la defensa de la persona jurídica investigada [BBVA], fuera de tales cauces orgánicos».

La Fiscalía también apoya que Béjar pueda tener acceso a los correos de otros directivos: Manuel Castro Aladro, jefe de riesgo corporativo; Asís Alonso Calvo, jefe de gabinete de Goirigolzarri; María Jesús Arriba de Paz, directora del departamento jurídico; Javier Malagón Navas, interventor general; María de los Ángeles Peláez Morón, directora de contabilidad; Clara Codesal Alonso, del departamento de contabilidad; Joaquín Gortari Díez, jefe de auditoría interna; y el conocido Julio Corrochano, exdirector de seguridad y persona que contrató directamente a Villarejo.

Béjar pretende rebatir el forensic de PwC

El juez concedió a Béjar acceso a más de 110.000 correos internos del banco para que pudiera rebatir el forensic elaborado por PwC a petición del BBVA, que le acusa de ser el responsable de autorizar el pago de las facturas de Cenyt (la empresa de Villarejo) abonadas por el banco durante 13 años. Este examen se realiza en la propia Audiencia Nacional y Béjar tiene prohibido llevarse los correos, así como copiarlos o fotografiarlos. El exdirectivo ha solicitado también «un sistema que permita un acceso más respetuoso con los derechos de defensa», algo que también apoya la Fiscalía.

Béjar fue el primer directivo de BBVA que se atrevió a señalar al expresidente de la entidad, Francisco González, como responsable directo de la decisión de contratar los servicios de Villarejo. Esta declaración le supuso su despido fulminante como presidente de Distrito Castellana Norte (operación Chamartín), empresa controlada por el banco. El año pasado, Corrochano decidió romper su silencio y señaló también a González como responsable, y también acusó a Cano y a Javier Ayuso (exdirector de comunicación) de participar en la trama. Cano declaró en diciembre y, aunque él se exculpó, también señaló a González.

Por otro lado, tanto el juez como la Fiscalía han reprochado en reiteradas ocasiones a BBVA su falta de colaboración, e incluso ha sido imputado su actual director de comunicación, Paul García Tobin, por un supuesto delito de encubrimiento. El actual presidente del banco y sucesor de González, Carlos Torres, pidió la semana pasada que se cierre ya la investigación porque «es muy cansina».