Fedea asegura que las concesiones tributarias a Cataluña «harán más difícil perseguir el fraude fiscal»

Ceder los impuestos del Estado a Cataluña «hará más difícil perseguir el fraude fiscal», según publica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada -Fedea-, que argumenta que el acuerdo de «financiación singular» alcanzado entre ambas fuerzas supondrá la «fragmentación» de la Agencia Tributaria -AEAT- y «no encuentra acomodo» en la Constitución. Un inconveniente más que se suma al rechazo que está encontrando el regalo fiscal de Pedro Sánchez a Cataluña, que cuenta con el rechazo de la mayoría de comunidades autonómas del país.

El informe publicado por Fedea, argumenta que la división complicará determinadas investigaciones, pondrá en riesgo la lucha contra el fraude fiscal e, incluso, dañará la seguridad jurídica de los inversores, en tanto que la imagen fiscal de España se verá perjudicada.

Alberto García Valera, socio responsable de política tributaria de la consultora EY, explica en el propio informe de Fedea que tanto la OCDE como la propia Unión Europea defienden como «camino deseable» la «integración y coordinación» de las administraciones tributarias para conseguir una «mayor eficiencia» en la gestión de los impuestos. La cesión de los tributos estatales a Cataluña iría en la dirección contraria, según García Valera, que opina que lo pactado entre PSC y ERC «podría suponer un cambio de modelo de Estado que nos llevaría hacia un sistema confederal, que podría tener serios riesgos en términos de equidad y cohesión territorial».

La publicación de Fedea advierte de que apartarse de la «integración» de la administración tributaria entrañaría «graves perjuicios en la lucha contra el fraude», al ralentizar el intercambio de información. Según García Valera, la cesión de los impuestos estatales a Cataluña implicaría la pérdida por parte de la AEAT del acceso directo a la información de los contribuyentes en la comunidad presidida por Salvador Illa y, en consecuencia, se vería dificultado el cumplimiento de los dos «grandes objetivos» de dicho organismo: por un lado, informar y asistir a los ciudadanos y, por otro, el control tributario y la lucha contra el fraude.

El Gobierno cederá el IRPF a Cataluña en 2025, pero desde Fedea no creen que la Generalitat pueda asumir el resto de impuestos en esta legislatura «Iniciar un proceso que conlleve la fragmentación de la información: presentada por población y empresas que, en el caso de Cataluña, suponen cuanto menos un 16% del total de contribuyentes, dificultaría una correcta atención al contribuyente», añade García Valera, que apunta también a que la cesión de la «gestión, recaudación y liquidación» de los impuestos estatales a la Generalitat supondría también «incrementar las cargas indirectas, al obligar a ciudadanos y empresas a relacionarse con otra administración más que, previsiblemente, tendrá normas y procesos diferentes».

«Parece claro que los ciudadano, sean de donde sean, dentro del territorio nacional, podrían resultar perjudicados si, como parece derivarse del acuerdo PSOE-ERC, se fraccionaran los servicios actuales de información y asistencia», asevera la publicación de Fedea, en la que se ejemplifica que la AEAT perdería el acceso directo a la información necesaria para poder disponer de unas bases de datos completa e integrada para ofrecer a los ciudadanos borradores de la declaración de la renta, facilitar datos fiscales completos o programas de ayuda y criterios uniformes.

Hacienda contra el regalo fiscal

La «singularidad fiscal» que incluye el pacto entre el PSOE y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa no le encaja ni siquiera al Ministerio de Hacienda. Un informe elaborado por los técnicos del departamento de María Jesús Montero sostiene que estos «privilegios económicos no caben dentro de la Constitución», y es lo que también considera Fedea respecto al pacto establecido con Cataluña.

En uno de los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, que aborda la foralidad de algunos territorios -y previo al acuerdo- los expertos de Hacienda analizan el principio de equidad de las comunidades autónomas.

«De la Constitución parece desprenderse el necesario reconocimiento de los hechos financieros foral e insular, nada más, por cuanto la propia norma fundamental taxativamente restringe incluso al bloque de constitucionalidad la aprobación de privilegios económicos», reza el informe elaborado por Hacienda y publicado en agosto.