Familias numerosas y pensionistas conservarán el descuento en el recibo de la luz

Las familias numerosas y las que cuenten con un pensionista -por jubilación o incapacidad permanente- que perciba la pensión mínima se mantendrán como beneficiarias del bono social, el descuento que se aplica a los consumidores de luz más vulnerables.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su posterior informe, el borrador del real decreto que regulará el acceso al social, que establece un nuevo mecanismo basado en criterios de renta.

El borrador, que refleja «ideas de todos» los partidos políticos, tendrá que ser analizado por la CNMC y el Consejo de Estado y previsiblemente se aprobará en junio. Tras su aprobación, se abrirá un periodo transitorio de seis meses para que los consumidores puedan adaptarse a la nueva legislación.

En la actualidad se benefician del bono social las familias con todos sus miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los consumidores de luz con una potencia contratada inferior a tres kilovatios (kW).

El nuevo modelo tendrá un coste de entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al actual, que se sitúa entre 180 y 200 millones, según el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social establece que esta ayuda debe ser costeada por todas las comercializadoras eléctricas y no sólo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ese momento.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha explicado que, aunque las familias numerosas mantendrán su acceso al bono social, «no se van a financiar lujos». Nadal ha señalado que «no se va a poner el bono social para calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo un tanto absurdo. El bono social es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros».

El nivel de renta, requisito para acogerse al descuento

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al descuento del 25 % en su recibo de la luz, se tendrá en cuenta su nivel de renta.

Para beneficiarse del bono social, las familias sin hijos a cargo tendrán que cobrar menos de 799 euros, es decir contar con una renta anual igual o inferior a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se sitúa en 532,51 euros.

Por otra parte, para una familia con un menor a cargo, la renta no podrá exceder de 1.065 euros (dos veces el IPREM) y para una unidad familiar con dos menores, no deberá exceder los 1.331 euros (2,5 veces el IPREM).

En el caso de las víctimas de violencia de género o del terrorismo y para hogares con algún miembro con una discapacidad del 33%, estos umbrales se verán incrementados en 0,5 veces el IPREM.

Los consumidores vulnerables severos obtendrán el 40% de descuento

El nuevo modelo establece una nueva categoría: los consumidores vulnerables severos, representados por los hogares con rentas inferiores al 50 % de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Estos tendrán un descuento del 40 % en el recibo de la luz.

De este modo, las familias numerosas serán consideradas consumidores vulnerables severos si su renta es inferior a dos veces el IPREM (1.065 euros).

Asimismo, los hogares en los que todos sus miembros con ingresos sean pensionistas con pensión mínima formarán parte de este colectivo si su renta es inferior al IPREM (532,51 euros).

En el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda cortar el suministro.

El impago en el recibo deberá comunicarse en más ocasiones

En caso de impago y además de los dos requerimientos fehacientes de pago exigidos hasta ahora, los comercializadoras deberán informar al consumidor en el momento del impago y, nuevamente, quince días antes de cortar el suministro.

Las administraciones competentes en materia de política social contarán con un listado actualizado de los cortes previstos del suministro para identificar los casos en riesgo de exclusión.

Las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse a la tarifa regulada (PVPC) y de solicitar el bono social. El cambio se realizará sin penalización ni coste adicional.

Además, las comercializadoras deberán avisar a los consumidores acogidos al bono social de que el paso al mercado liberalizado implicará la pérdida de esa ayuda.