La falsa sostenibilidad de las pensiones de Sánchez: el Estado desviará 60.000 millones en 2026 para salvarlas, más que todo el déficit del año

Desde que anunciara la convocatoria de elecciones generales, el presidente del Gobierno ha dedicado muchos minutos de su tiempo a azuzar el espantajo del supuesto tijeretazo de las pensiones que estaría urdiendo la derecha y -para ofrecer una amable comparación- a ensalzar su gestión, que asegura que ha permitido «garantizar la sostenibilidad» del sistema.

Sin embargo, cuesta conciliar este relato con la realidad, pues la deuda de la Seguridad Social alcanza ya los 136.000 millones de euros y la llamada ‘hucha’ -el mecanismo ideado para actuar de salvavidas de las cuentas- contiene poco más que el equivalente para pagar las nóminas de un solo mes. Entonces, ¿en qué se basa el presidente? Para justificar su opinión, uno de los recursos más manidos del líder del Ejecutivo es recurrir al último examen de las cuentas elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), asegurando que dice lo que no dice.

Para Sánchez, que la institución que dirige Inés Olóndriz confirmara que se cumple la regla de gasto equivale a asegurar que el sistema es sostenible -según ha aseverado recientemente-, pero se olvida de que en ese mismo informe la presidenta del organismo supervisor zanjó que la sostenibilidad del sistema “no está garantizada”, cosa que es compatible -añadió- con cumplir las reglas fiscales porque estas están desfasadas, pues no contabilizan con la suficiente finura el esfuerzo que le cuesta al Estado mantener el pago de las nóminas a través de transferencias presupuestarias.

Pero no hacía falta informe de ninguna clase para desmontar el relato oficial. Sin ir más lejos, este jueves -durante la presentación de la I Encuesta sobre Pensiones y el II Observatorio de Pensiones del Grupo Mutua-, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ha aportado un dato extra que permite tomar más conciencia de la magnitud del problema, y es que este año las transferencias del Estado necesarias para atender el pago de las obligaciones para con los más de 9 millones de  jubilados que hay en nuestro país podrían alcanzar los 60.000 millones de euros, una magnitud equivalente a alrededor del 3,5% del PIB nacional.

Esta desviación, de hecho, explicaría por sí sola más de la totalidad del déficit público proyectado para 2026, situado en el 2,5%. Bien es cierto que no es algo nuevo que el descuadre de la Seguridad Social arrastre las cuentas de todas las Administraciones públicas, pero al cierre de 2026 ese desajuste será especialmente notable, pues hay que tener en cuenta que el déficit proyectado para el cierre del curso no alcanza los 57.000 millones en las previsiones más pesimistas.

Y el caso es que, entre los datos y el relato, los españoles se quedan con lo primero. O al menos, así lo demuestra la mencionada encuesta que hoy presentaba Grupo Mutua -la Encuesta de Ahorro para la Jubilación-, que indica que un 65% de los encuestados considera que su pensión pública no será suficiente para cubrir sus necesidades cuando accedan a la tercera edad. Entre los que ya están jubilados, además, dos de cada tres (66%) afirman que han tenido que ajustar sus gastos tras su retiro laboral.

Más inquietante aún es el hecho de que hay una importante discrepancia entre la preocupación y la acción, pues un 50% de los consultados no ahorra para la jubilación. ¿Por qué no lo hacen? Según los resultados del estudio, porque su renta no se lo permite; de hecho, el 56% de los no ahorradores señala la falta de capacidad financiera como la principal barrera.

Para completar la fotografía, cabe hablar de euros contantes y sonantes. Entre quienes sí hacen caja para el mañana, el esfuerzo anual suele ser moderado: el 74% aporta menos de 5.000 euros al año. Y otro problema que advierten desde Grupo Mutua refiere a la tipología de los planes de ahorro, pues hay consenso en que uno de los grandes salvavidas de las jubilaciones del futuro van a ser las pensiones de empleo (o de empresa) y a pesar de ello los planes individuales siguen dominando el mercado; concretamente, seis de cada diez ahorradores apuestan por este modelo.

Frente a esto, la penetración de los programas de empresa es reducida, pues menos de un cuarto de los encuestados cuenta con uno y, entre los que sí lo tienen, únicamente un 35% realiza aportaciones adicionales a las efectuadas por el empleador. El 60% de los españoles valoraría positivamente que su compañía ofreciera productos para la jubilación, así que hay margen de mejora.

Como ya se ha avanzado, hace ya tiempo que los planes de empresa ganan protagonismo en el debate público como complemento a un sistema necesitado de fondos, por eso el balance de Grupo Mutua no es muy halagador. Mientras otros países de nuestro entorno han conseguido desarrollar con éxito el denominado autoenrollment -la adscripción por defecto del trabajador a un plan de empresa-, en España el modelo de complementariedad no avanza, pues únicamente alrededor del 15% de la población ocupada (unos 3,3 millones de personas) dispone de un plan de empleo, muy lejos del objetivo de alcanzar los 11 millones de partícipes en 2030.

Se trata de un desajuste llamativo, más aún tratándose el nuestro del país de la Unión Europea que sufrirá el mayor incremento de su gasto en pensiones hasta 2040 en términos de PIB: se elevará 2,5 puntos, hasta el 16,2%.