España, el país que menor presupuesto destina de la zona euro para los programas de avales públicos
España es el país que menos presupuesto ha destinado para los programas de avales públicos para las empresas de entre los grandes de la Unión Europea, según un informe del Banco de España publicado este lunes que analiza las ayudas de las diferentes naciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Las medidas de política fiscal de los países europeos que nacen con el objetivo de mitigar los efectos de la pandemia han presentado cierta heterogeneidad en la cuantía, pero se diferencian en la tipología de las mismas, según el documento. Varía también la cobertura de los préstamos y los plazos y costes de los mismos.
Las medidas de soporte para las empresas y los autónomos estuvieron dirigidas fundamentalmente a apoyar la liquidez de los negocios, y presentan un claro elemento diferenciado: mientras unos países han distribuido pagos directos y subvenciones a fondo perdido, otros han optado por la concesión de ayudas indirectas como coberturas de aplazamientos del pago de suministros, alquileres e hipotecas, según ha señalado el organismo supervisor.
Búsqueda de garantías
España, en su intención de financiar la inversión empresarial, destinó una primera linea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 100.000 millones de euros, lo que representa un 8% de PIB. Tras agotar esta primera linea de crédito, el Gobierno aprobó otra por valor de 40.000 millones de euros de cara a la recuperación.
El programa alemán de garantías públicas, gestionado por el banco público de desarrollo KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), presupuestó recursos por una cifra de 820.000 millones de euros (24% del PIB), mientras que Gobierno italiano implementó un paquete de garantías públicas para proveer de liquidez a las empresas por importe de 450.000 millones de euros (25% del PIB).
El Gobierno francés implementó un programa de avales públicos por un importe de hasta 300.000 millones de euros (12% del PIB) para préstamos bancarios corporativos, a través del banco público de inversiones Bpifrance.
Por su parte, en el Reino Unido algunos de los programas de apoyo a la liquidez tienen una naturaleza diferente a la de los países de la UE, como es el caso de la Coronavirus Corporate Financing Facility (CCFF), aunque el importe total se cuantifica a través del British Businness Bank en 330.000 millones de libras (365.970 millones de euros).
Respecto a la cobertura de las garantías, varían en función del tipo de empresas y sus tamaños, entre el 80% y el 100% en algunos casos en Alemania; entre el 70% y el 100% en Italia; entre el 70% y el 90% en Francia, entre el 50% y el 100% a pymes y micropymes en Reino Unido o, en el caso de España, entre el 80% a pymes y el 70% al resto de empresas.
A pesar de que España es el país de entre las grandes economías del área del euro que menos dinero a destinado a su programa de avales públicos, encabezaba hasta mediados de junio su utilización en relación al resto de países, al superar el 50%, frente al 35% de Francia, o el 10% de Reino Unido o Italia.
Retraso en el pago de impuestos
En cuanto a los aplazamientos y suspensión de impuestos, en España se ha aprobado una moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 euros por figura impositiva.
En materia laboral, en España se flexibilizaron los ERTE y se extendió la prestación por desempleo a más colectivos, así como una mayor protección a desempleados con trabajos estacionales.
En algunos países, como Francia, Italia y España, estas se materializaron en refuerzos de los sistemas de desempleo parcial y temporal existentes; en otros, como Alemania, en una flexibilización de horas trabajadas.
El Banco de España también señala que los gobiernos adoptaron de forma generalizada un amplio rango de medidas orientadas a apoyar la liquidez de los hogares más vulnerables. Medidas como las moratorias en el pago de hipotecas y alquileres, la emisión de garantías para la provisión de suministros básicos, el apoyo a la conciliación familiar y el cuidado de hijos, así como el refuerzo de los sistemas de rentas básicas o las ayudas directas para la adquisición de alimento son algunas de las más extendidas.
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