Repsol demanda a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica y les exige 120 millones por el apagón
La petrolera lleva a los tribunales a las compañías eléctricas por los daños sufridos en sus cinco complejos industriales durante el apagón del 28 de abril de 2025.
Repsol lleva a los tribunales a Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica para reclamarles 120 millones de euros por los daños ocasionados en sus instalaciones industriales durante el apagón eléctrico que dejó a España sin suministro el pasado 28 de abril de 2025. La compañía presidida por Antonio Brufau y dirigida por Josu Jon Imaz presentó las demandas durante el mes de octubre, después de intentar resolver el conflicto mediante reclamaciones extrajudiciales.
La petrolera reclama responsabilidades a las tres grandes distribuidoras eléctricas por las interrupciones del suministro que afectaron a sus cinco complejos industriales en España. Además, exige responsabilidades solidarias a Red Eléctrica, como operador del sistema eléctrico nacional, por los perjuicios económicos derivados del denominado «cero eléctrico».
Las demandas se presentaron de manera individualizada por cada instalación afectada. En concreto, Repsol emprende acciones judiciales contra Iberdrola por los daños registrados en sus refinerías de Bilbao y Cartagena; contra Endesa por las instalaciones de Tarragona y Puertollano; y contra Naturgy, a través de su distribuidora, por el complejo industrial de La Coruña.
En todos los procedimientos figura también Red Eléctrica, a la que Repsol reclama que responda solidariamente por los daños. La cantidad total exigida asciende a unos 120 millones de euros, según adelantó El Confidencial y confirman fuentes del sector.
La reclamación incluye igualmente los perjuicios derivados de otro incidente eléctrico registrado el 22 de abril de 2025 en el complejo industrial de Cartagena, apenas seis días antes del gran apagón que afectó al conjunto de la península ibérica.
Repsol y su demanda por el apagón
La decisión de Repsol supone la materialización de las advertencias realizadas por su consejero delegado, Josu Jon Imaz, que ya había anunciado su intención de reclamar judicialmente las pérdidas ocasionadas por la interrupción del suministro eléctrico.
Durante una conferencia con analistas celebrada el pasado abril, el directivo explica que la petrolera ya había remitido notificaciones formales y burofaxes tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras responsables del suministro de sus instalaciones industriales.
Estas comunicaciones constituyen el paso previo a la presentación de las demandas, con el objetivo de alcanzar una solución que permitiera recuperar los perjuicios económicos sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales.
«Y si este intento previo de resolución de disputas no es satisfactorio, Repsol presentará formalmente las demandas correspondientes a todas estas empresas», advierte entonces Imaz.
La compañía cumple finalmente esa advertencia en octubre, cuando formaliza los procedimientos judiciales contra las eléctricas.
El conflicto abre así una nueva batalla judicial por las consecuencias económicas del apagón de abril de 2025, esta vez protagonizada por una de las principales compañías industriales españolas y algunas de las mayores empresas del sector eléctrico.
El precedente de Petronor
Repsol confía en que la Justicia vuelva a darle la razón, como ya ocurrió en un procedimiento anterior relacionado con una interrupción del suministro eléctrico en sus instalaciones industriales.
El precedente al que se aferra la compañía es el de Petronor, cuya refinería de Bilbao sufrió un apagón de apenas 12 minutos en 2016. Aquel incidente terminó con una resolución del Tribunal Supremo que confirmó en 2022 una indemnización de 18 millones de euros por los daños ocasionados.
Imaz recuerda expresamente este caso para justificar su confianza en que Repsol consiga recuperar los 120 millones que ahora reclama.
«Al final, seremos compensados como lo fuimos en el caso Petronor», asegura el consejero delegado, aunque reconoce que el procedimiento actual podría resultar más complejo por la magnitud del apagón y el número de compañías involucradas.
La diferencia respecto al precedente de Bilbao es considerable. Mientras que aquel incidente afectó a una instalación concreta durante unos minutos, el apagón del 28 de abril de 2025 provocó una interrupción generalizada del suministro eléctrico, con consecuencias para numerosos sectores económicos.
Ahora, los tribunales deberán determinar si las distribuidoras demandadas y Red Eléctrica tienen responsabilidad jurídica por los perjuicios sufridos por Repsol y, en su caso, qué indemnizaciones corresponde abonar a la petrolera.
La reclamación de 120 millones constituye, por el momento, una exigencia económica de Repsol y no una indemnización reconocida judicialmente.
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