Los pescadores exigen a Aagesen que pare la eólica marina: «Ya ha admitido que no conoce su impacto»

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 05/02/2026 05:45
  • Actualizado: 05/02/2026 05:45

La Plataforma en Defensa de la Pesca, que representa a los pescadores afectados por la instalación de eólica marina en las costas españolas, carga contra los planes de implementación de estos molinos de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Según ellos, el Gobierno reconoce en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (Poem) que tiene «dificultades relacionadas con los datos» y que la información es «inexistente o incompleta» y, aun así, ha decidido seguir con el proceso.

Ante este desconocimiento de los verdaderos efectos que puede tener la instalación de infraestructura eólica en las costas españolas, los pescadores exigen a Aagesen que paralice su implementación. Es decir, los trabajadores del mar consideran que es necesario que se analicen a fondo las posibles consecuencias en su actividad económica de estos molinos.

Por ello, la plataforma pesquera ha denunciado «la maniobra del Gobierno» para acelerar la implantación de la eólica marina en España, pues, según ellos, prioriza «los intereses comerciales de las multinacionales energéticas sobre la evidencia científica y la supervivencia de las comunidades costeras».

Coincidiendo con la consulta pública del segundo ciclo de los Poem, el sector ha alertado de lo que denomina «una contradicción flagrante»: «Se pretende subastar el mar basándose en una planificación que está siendo cuestionada y revisada por sus graves carencias técnicas».

Los pescadores contra Aagesen

Los pescadores consideran que «es inadmisible que el Gobierno fije objetivos de 1 a 3 GW para 2030» y otorgue por Real Decreto «prioridad» a las eléctricas en el dominio público marítimo-terrestre, cuando en el borrador de los nuevos Poem «se reconoce explícitamente» la existencia de «dificultades relacionadas con los datos» y se admite que la información sobre la actividad pesquera es «inexistente o incompleta».

La plataforma defiende que el Ministerio de Aagesen está obedeciendo «exclusivamente a la presión de los lobbies promotores, ignorando el Principio de Precaución que debería regir toda actuación con potencial impacto ambiental», pues el propio Gobierno ha reconocido que esta tecnología «no está madura».

«Resulta temerario proponer una expansión masiva de nuevos usos industriales cuando no se han monitorizado los efectos del ciclo anterior de planificación ni se dispone de estudios concluyentes sobre el impacto en los ecosistemas marinos», lamentan.

Por otro lado, los pescadores denuncian que el Ministerio de Aagesen está ordenando el espacio marítimo sin una «fotografía» real de la actividad pesquera: «No existe una cartografía actualizada que refleje la realidad de la flota artesanal y de bajura, ni se han completado los estudios socioeconómicos necesarios».

Para ellos, «aprobar zonas eólicas sin estos datos vulnera la Directiva europea 2014/89/UE de ordenación del espacio marítimo y condena a la flota a un desplazamiento forzoso sin evaluar el impacto en el empleo, las lonjas locales y el tejido socioeconómico de las comunidades costeras».

Así, el sector pesquero ha solicitado la suspensión inmediata de la designación de nuevas zonas eólicas y de cualquier procedimiento de subasta «ante la gravedad de estas deficiencias y la inseguridad jurídica que generan». «No aceptaremos un modelo de transición energética que se construya destruyendo la pesca sostenible», insisten.

Por último, los trabajadores del mar exigen que se revisen las actuales Zonas de Alto Potencial (ZAPER) para excluir aquellas que se solapan con caladeros tradicionales y que se condicione cualquier desarrollo a la finalización de los estudios de impacto medioambiental y socioeconómico, ER2 Y ER3 puestos en marcha por el propio Gobierno.