El Gobierno anuncia que subirá el sueldo a los funcionarios un 4,5% a un mes de las elecciones generales

El Gobierno ha anunciado a tan solo un mes de las elecciones generales que subirá el sueldo a los funcionarios un 4,5%. El Ministerio de la Transformación Digital y para la Función Pública se ha reunido este martes con los sindicatos para negociar la subida salarial de los funcionarios en plena precampaña.

El pacto que alcanzaron los sindicatos en 2025 ya tenía previsto que la nómina de los empleados públicos se incrementara un 4,5% este año, lo que representa la mayor subida para los funcionarios desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Finalmente los de Sánchez han ejecutado esta subida y así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el Ministerio en el marco de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, en el que se contemplaba un alza global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

Este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuía en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

En el caso de este año, al incremento salarial fijo del 1,5% ya aplicado ha de añadirse medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. Como todo apunta que será así, ese 0,5% adicional también se abonará en 2027, a lo largo del primer trimestre, y con efectos retroactivos.

Desde los sindicatos demandan que la subida salarial del 4,5% acordada para 2027 y garantizada hoy por el Gobierno se apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Asimismo, fuentes sindicales han informado de que el Departamento que dirige Óscar López está trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en una reforma legislativa del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público para definir en esta norma el abuso de la temporalidad. Además, prevé establecer sanciones, entre ellas el cese de los gestores de las administraciones que incumplan.