El déficit de la Seguridad Social no bajará de los 10.000 millones ni con casi 20 millones de ocupados

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ve muy difícil que el déficit de la Seguridad Social se reduzca al 1,1% del PIB previsto por el Gobierno para 2016. Es más, la Airef considera que el agujero seguirá estando por encima del 1% del PIB incluso en 2019, lejos del 0,7% recogido en las proyecciones del Ejecutivo remitidas a Bruselas. Es decir, dentro de cuatro años el déficit de la Seguridad Social no bajará de los 10.000 millones de euros anuales ni contando con cerca de 20 millones de ocupados, tal y como se prevé en las estimaciones macroeconómicas del Gabinete de Mariano Rajoy.

Las reformas aplicadas sobre el sistema de pensiones no han obtenido todos los resultados esperados. La idea consistía en contener el gasto al tiempo que la inflación y el crecimiento hacían subir los ingresos por encima. Sin embargo, la escasa inflación está haciendo que ese planteamiento no se pueda hacer realidad. Aunque la recaudación por fin comienza a repuntar, la mejora de la actividad no basta para ir cerrando el agujero existente.

Pese a que los ingresos por cotizaciones apuntan crecimientos ligeramente por encima del 3%, los desembolsos en pensiones aumentan prácticamente al mismo ritmo del 3%. Por eso, en su informe sobre el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas, el organismo que preside José Luis Escrivá no ve probable que se pueda bajar el déficit de la Seguridad Social por debajo del 1% del PIB ni en el año 2019.

Por otra parte, la Autoridad Fiscal piensa que será muy difícil que las Comunidades Autónomas puedan ajustarse a medio plazo. Pese a que todavía considera factible alcanzar este año el objetivo de déficit fijado del 0,7% del PIB, ve poco probable que las CCAA puedan cumplir con los compromisos de austeridad de los siguientes ejercicios, sobre todo porque buena parte de los gastos fijos de los gobiernos autonómicos están ligados a servicios públicos como Educación, Sanidad o Servicios Sociales, que son difíciles de ajustar y modular.

La Airef estima poco probable que el gasto sobre PIB en estas rúbricas de pueda prácticamente congelarse y, en consecuencia, disminuir en tamaño sobre PIB como augura el Plan de Estabilidad 2016-2019. A juicio de la institución, las presiones sobre estas partidas harán que el gasto suba y, por lo tanto, no baje en proporción del PIB. Una cosa que es particularmente cierta para el capítulo de la Sanidad, donde la demografía y la tecnología empujan con fuerza los desembolsos al alza.

De ordinario, la partida de Sanidad ha crecido un 5% en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el impacto de la inflación. No obstante, entre 2011 y 2014 ha descendido a un 4% anual en términos reales según los cálculo de la Airef.

De ahí que la Autoridad reclame a Hacienda que se ponga estricta con las Autonomías. En concreto, exige que se apliquen medidas coercitivas y que se vigile el cumplimiento estricto de las medidas propuestas para atajar el desfase presupuestario.

A falta de una reforma de la financiación autonómica, la Airef ha recomendado que se formulen objetivos diferenciados, dado que las diferencias de esfuerzo entre unas y otras son muy desproporcionadas. Mientras que las incumplidoras han de recortar en total unos 830 millones de euros, otras prácticamente podrían incluso aumentar el gasto. De hecho, de ceñirse a la regla de gasto que establece que no hay que subirlo más allá del crecimiento potencial del PIB, Canarias alcanzaría el ‘déficit cero’ este mismo año, lo que puede entrañar un riesgo de relajación entre las que habitualmente cumplen.

En definitiva, hay pocos incentivos para que las Comunidades que lo tienen más fácil compensen el desfase de las incumplidoras, así que esto complica bastante más que en su conjunto se pueda alcanzar el 0,7% de déficit exigido.

Las cuentas generales

En cuanto al cumplimiento global del 3,6% de déficit propuesto a Bruselas, el organismo a cargo de controlar la credibilidad de las cuentas públicas asegura que se trata de una meta factible aunque exigente. Y eso requiere que las Administraciones Públicas sean muy rigurosas, en especial por el lado del gasto. Por esta razón, la Autoridad pide que se instrumenten los acuerdos de no disponibilidad, algo que el Gobierno ha anunciado pero todavía no ha concretado. Se trata de una iniciativa esencial, máxime cuando al analizar los componentes del gasto se antoja difícil encontrar dónde se pueden rascar más ahorros sin reformas estructurales. La inversión no puede bajar más. Como ya hemos indicado, la Sanidad o las pensiones seguirán presionando al alza sobre el gasto. El coste de los intereses continuará elevado durante mucho tiempo. Así que sólo el capítulo del desempleo podría seguir descendiendo. El margen resulta más bien escaso.

En cambio, las noticias resultan algo mejores por el lado de los ingresos. A pesar de la rebaja de impuestos, la recaudación podría crecer más de lo que vaticina el Ejecutivo. Por más que los primeros datos de año no hayan sido tan buenos, falta comparar el IRPF con un periodo homogéneo en el que ya haya sido aprobada la rebaja de impuestos. El IVA sigue avanzando a tasas robustas impulsado por el consumo. La Seguridad Social por fin logra ingresar al mismo nivel que crece el empleo. Y aún falta el pago fraccionado de Sociedades para valorar el comportamiento de este impuesto.

En otro orden de cosas, la Autoridad Fiscal considera que el crecimiento puede incluso sorprender al alza durante este año. De hecho, todavía no aprecia el impacto de la incertidumbre política en la evolución del PIB. Sin embargo, el riesgo a medio plazo estriba en que el rendimiento de la economía sea algo peor de lo esperado, sobre todo si se aprecia el petróleo, el euro o los tipos de interés fruto de una normalización monetaria.