Sánchez duplica la deuda de la Seguridad Social y aumenta el pasivo del Estado hasta el 93% del PIB

Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018, el conjunto de la deuda pública de España se encontraba en el 101% del PIB. Ocho años después, España llega a unas elecciones generales con unas cuentas igual de descuadradas y ante la obligación de invertir en áreas como la defensa o la seguridad durante los próximos años. Este endeudamiento no es homogéneo: mientras que la Seguridad Social ha duplicado su pasivo y la Administración del Estado ha seguido creciendo sus deberes hasta el 93%, las autonomías y los ayuntamientos han trabajado para reducir su saldo durante estos años.

Según los datos provisionales del Banco de España publicados este miércoles, en el mes de agosto el pasivo de todas las Administraciones Públicas cerró en el 99,7% del producto interior bruto, un nivel semejante al que había cuando llegó Sánchez al Gobierno. Durante estos ocho años, las administraciones han tenido que afrontar el sobrecoste de la pandemia y la presión creciente de los tipos de interés alcistas, que encarecen la deuda.

Dentro de las cuentas públicas, hay dos administraciones que dependen directamente de la gestión del Gobierno: la Administración Central propiamente dicha y la Seguridad Social. El Estado ha pasado de registrar un pasivo del 90,1% del PIB durante el segundo trimestre de 2018 al 92,8% del segundo trimestre de este año.

La Seguridad Social, durante los ocho años de Gobierno de Sánchez, ha aumentado su saldo del 2,9% del PIB al 7,8% en la actualidad, lo que implica duplicar el endeudamiento de la caja común de los trabajadores.

Por el contrario, las comunidades autónomas y las corporaciones locales han reducido su pasivo, lo que ha permitido que el saldo conjunto de España se haya contenido. Las autonomías han pasado del una deuda equivalente al 24,6% del PIB al 20,4% de la actualidad, mientras que los ayuntamientos y otras entidades han conseguido reducir a la mitad su pasivo hasta el 1,2% del PIB.

El incremento de la deuda que depende enteramente de Moncloa se ha producido a pesar de haber aumentado los impuestos y las cotizaciones sociales durante todos estos años. El Gobierno se ha negado a deflactar el impuesto sobre la renta ni acometer otras rebajas fiscales, lo que en la práctica ha supuesto una subida encubierta conforme se incrementan los salarios por la inflación.

Mientras José Luis Escrivá estuvo al frente del Ministerio que gestionaba la Seguridad Social, quien es ahora el gobernador del Banco de España impulsó varias reformas que han fomentado el retraso de la edad de jubilación, la reincorporación de pensionistas y el aumento de cotizaciones sociales como el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) o la cotización de solidaridad.

Deuda más cara

Tras la crisis sanitaria, los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a abandonar las tasas oficiales cercanas al 0% y empezaron una política monetaria restrictiva. Esto ocurrió justo después del endeudamiento extraordinario al que se enfrentaron los países para contener las consecuencias de la pandemia.

Al encontrarse la mayoría de los países en un escenario perenne de déficit estructural, conforme van venciendo los préstamos, estos se refinancian con nueva deuda. El resultado es que Estados como España deben pagar por la misma cantidad de deuda cada vez más intereses. Al afrontar intereses más altos, hay menos dinero para el resto de partidas públicas.

Esta situación de tipos al alza -el Banco Central Europeo ha subido tasas  hasta el 2,5% y prevé más aumentos debido a la inflación- llega en un momento en el que los países europeos se ven obligados a gastar cada vez más dinero en partidas como las pensiones, la defensa o la seguridad.