¿Cuánto cuesta al Estado la asistencia sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’?

En abril de 2012, en el peor momento de la crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimir la Sanidad universal, un servicio público que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se dispone a recuperar, según ha anunciado hoy la ministra portavoz, Isabel Celaá.

Con la medida de suprimir el acceso a la sanidad de los inmigrantes sin papeles, se pretendía ahorrar unos 500 millones de euros, según los datos que ofreció el Ministerio entonces dirigido por Ana Mato. Sin embargo, llevada a la práctica la medida, ese ahorro no fue tal, dado que muchos inmigrantes irregulares acabaron siendo atendidos en Urgencias, lo que encarece el coste de la atención a ese colectivo.

Un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) concluyó que es más barato para un Estado miembro ofrecer a los migrantes atención primaria que «esperar a que necesiten un tratamiento en urgencias».

Ese fue precisamente el argumento utilizado por la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, para defender la sanidad universal en Valencia cuando era consejera de Sanidad en la Generalitat. En este contexto, la medida anunciada este viernes no ha sido una sorpresa.

Aunque la guerra de cifras sobre la asistencia a los sin papeles nunca ha llegado a clarificarse -entre otros motivos porque no se sabe con precisión cuántos hay, aunque rondan los 870.000- todo apunta a que el ahorro conseguido no fue el calculado por el Ministerio de Ana Mato.

En 2015, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ofreció un dato orientativo al establecer que el coste de dar cobertura sanitaria universal a los inmigrantes irregulares alcanzaba los 244 millones de euros en los casos en los que se mantuvo la cobertura: los casos de urgencias, embarazos, asistencia a menores y víctimas de trata.

Con todo esto, el sucesor de Mato en Sanidad, Alfonso Alonso, ya anunció que España recuperaría la Sanidad universal para los sin papeles, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no llegó a tiempo para revertir la polémica medida.