Consumo amenaza con multar a las inmobiliarias por el Decreto Maricarmen pese a no tener el aval del Pleno

No han pasado ni siquiera 24 horas desde que el Consejo de Ministros aprobara los polémicos reales decretos sobre vivienda que le permitirán intervenir el mercado y a pesar de ello la parte de Sumar del Gobierno ya ha movido ficha para tratar de capitalizar el efecto de esa decisión en términos electorales.

En un comunicado difundido este martes, el Ministerio de Consumo liderado por Pablo Bustinduy -del partido de Yolanda Díaz- ha anunciado la apertura de un expediente contra una gran plataforma inmobiliaria -sin desvelar cuál- por «prácticas comerciales desleales», a la vez que informaba de la remisión de una misiva a las principales empresas del sector para informarles de las nuevas obligaciones en materia de publicidad de pisos en alquiler que incorpora el real decreto.

Concretamente, el departamento que dirige Bustinduy se refiere al primero de los dos textos aprobados ayer, que incluye un largo listado de medidas entre las que se cuentan nuevos incentivos fiscales para los propietarios que arrienden sus viviendas, la paralización durante un período de tres años de los desahucios a las familias vulnerables y una prórroga forzosa de los arrendamientos durante dos años, entre otras cosas. Para un segundo RD queda la prórroga indefinida de los contratos, una iniciativa para la que -en principio- el Gobierno no cuenta con los apoyos del PNV y que, por tanto, difícilmente podrá sobrevivir al examen de la Diputación Permanente.

Como es de sobra sabido, ambos textos decayeron en el Congreso de los Diputados la semana pasada y, a pesar de ello, el Gobierno ha decidido volverlos a aprobar una vez convocadas las elecciones generales y disueltas las cámaras, en una maniobra que le permitirá aprovecharse de la aritmética parlamentaria sensiblemente más favorable de la que goza en la Diputación Permanente.

Lógicamente, este malabarismo legislativo tiene un difícil encaje constitucional ya que traiciona el espíritu de la Diputación Permanente -según han denunciado numerosos juristas-, pero a pesar de ello, y como ya se ha avanzado, Sumar quiere aprovecharse de ello para tratar de perseguir a las plataformas inmobiliarias que incumplan el llamado ‘decreto Maricarmen’.

Por las atribuciones que le corresponden a Consumo, su margen de actuación se limita al artículo 20 del primero de los dos reales decretos, que es el que regula la publicidad, promoción y oferta de viviendas en alquiler. Según este artículo, toda esa oferta o publicidad deberá incluir, al menos, el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda y, en su caso, la renta del último contrato de arrendamiento de vivienda habitual vigente en los cinco años anteriores.

La lista de obligaciones sigue, pues esto último será obligatorio para los anuncios de vivienda en cualquier ciudad del país, independientemente de que el inmueble se ubique en zona declarada como tensionada. Así, los potenciales inquilinos podrán conocer cuál es el precio de referencia para las administraciones de la vivienda que quieren alquilar, o la renta del último contrato. Con esta información se podrá comparar el precio ofertado por el casero con el precio que se considera adecuado, y si se están realizando subidas respecto a los últimos inquilinos.

El caso es que el Ministerio ha asegurado que se mantendrá «vigilante» para que las plataformas digitales incorporen la información a la que les obliga la nueva normativa, y así se lo hará saber hoy mediante la remisión de una misiva.

Como ya se ha avanzado, Consumo ha anunciado el envío de la carta el mismo día en el que confirma la apertura de un expediente a una gran empresa -no dice cuál- por supuestas «prácticas comerciales desleales contra los consumidores y usuarios»; concretamente, el supuesto ilícito descubierto constituye una infracción administrativa conforme al artículo 47.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, extremo que podría derivar en una multa de hasta 100.000 euros o entre 4 o 6 veces el beneficio ilícito obtenido.

Es la primera vez que el equipo de Bustinduy abre un expediente de este tipo por una infracción de la que es directamente responsable la plataforma, pero en absoluto la primera vez que carga contra los portales de Internet -ya sean de vivienda u otros sectores-, pues lo cierto es que en los últimos meses el Ministerio ha publicitado un largo listado de sanciones y expedientes que han apuntado contra Airbnb, Idealista o las aerolíneas.