Cepyme avisa al Gobierno de que subir el SMI un 5,3% tendría un impacto negativo de hasta 135.000 empleos

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de subir el salario mínimo interprofesional (SMI), en plena crisis económica derivada de los efectos de la pandemia, podría provocar efectos negativos en el mercado laboral. En concreto, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha estimado que un aumento hasta los 1.000 euros, lo que se traduce en un 5,3% más, supondría un impacto negativo sobre el empleo estimado para 2021 y 2022 de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo.

Un golpe que afectaría de lleno a la hostelería y el comercio, golpeados por los efectos derivados de la crisis del coronavirus desde el pasado mes de marzo, ya que más de la mitad de los empleos que se destruyan o que no se creen a consecuencia de este incremento serán de estos sectores, según se desprende de un estudio de Randstad Research en colaboración con la patronal.

Por su parte, la patronal de las pequeñas y medianas empresas ha que un incremento de esta cuantía incidiría de manera «muy lesiva» en estos sectores, que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, han destruido varios cientos de miles de empleos. No obstante, remarcan que hay en riesgo decenas de miles de empleos pendiente tanto de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) aún en vigor como fuera de ellos.

Cepyme explica que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) es competencia exclusivamente del Gobierno de Pedro Sánchez, previa consulta con los agentes sociales -sindicatos y patronales-, y que deberán tenerse en cuenta factores como la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC), «que esté año es negativa»; la productividad media nacional y la situación económica y del empleo lastrados por los efectos derivados de la crisis del coronavirus.

Además, señalan que las consecuencias de un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) incidirá en el empleo de los más jóvenes y en los trabajadores que cuentan con niveles bajos de cualificación: «Esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes».

Golpe al empleo

Por su parte, la patronal que preside Gerardo Cuerva calcula que 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por los efectos derivados de la crisis del coronavirus. Mientras, el número de desempleados en España van en camino de los cuatro millones cerca de los niveles de la crisis financiera de 2008.

Un total de 747.000 personas seguían afectadas por ERTE a 30 de noviembre, 148.000 más respecto al mes anterior -golpeando de lleno a sectores como la hostelería, el turismo o el comercio- . También en noviembre se registró un total de 7,36 millones de demandantes de empleo, de los que 3,85 millones eran personas en paro.

En concreto, en el último año, los afiliados cayeron en 355.000, el 1,83% del empleo total, pasando de los 19,37 millones de afiliados a 30 de noviembre de 2019 a los 19,02 millones a 30 de noviembre de este año. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa celebrando los datos de empleo.

Además, un total de 747.000 personas seguían afectadas por ERTE a 30 de noviembre, 148.000 más respecto al mes anterior -golpeando de lleno a sectores como la hostelería, el turismo o el comercio- . También en noviembre se registró un total de 7,36 millones de demandantes de empleo, de los que 3,85 millones eran personas en paro.

Nueva guerra en el Gobierno de Sánchez

El partido de Pablo Iglesias no da por pedida la batalla del SMI, a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dibujaban un horizonte algo más lejano y aplazaban el aumento a medidos de año -fecha que coincide con la finalización del estado de alarma previsto para el 9 de mayo-.

«Eso está bien, creemos que hay que mejorar los salarios y devolver la dignidad, estamos comprometidos con la agenda progresista, pero una cosa distinta es que en este momento con las previsiones de crecimiento, la incertidumbre y empresas golpeadas», explicó Calviño, tras el último Consejo de Ministros -en el que se aprobó el decreto ley antidesahucios-.

En este punto, a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha opinado que «lo deseable» en un Gobierno «responsable» es darse un «cierto tiempo» cuando no hay acuerdo con los agentes sociales como en la actualidad, para tomar una decisión en un «contexto diferente».