La brutal presión de Sánchez hace mella en Ferrovial: niega que se vaya por inseguridad jurídica

La brutal presión del Gobierno con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza sobre el empresario Rafael del Pino tras su decisión de trasladar la sede de Ferrovial a los Países Bajos ha hecho mella. La decisión no ha cambiado ni tiene vuelta atrás, pero esta mañana un portavoz oficial aseguró que la compañía no se va de España debido a la inseguridad jurídica del país. Este asunto era clave para el Ejecutivo, que desde que se conoció la noticia ha emprendido una campaña por tierra, mar y aire para tratar de amedrentar  al señor del Pino, acusándolo de dañar la imagen de España, y transmitiéndole, a través de la vicepresidenta Nadia Calviño, que «no se puede tolerar que una empresa que ha crecido gracias a los contratos públicos ponga en dura la seguridad jurídica del país en un momento en que se está multiplicando la inversión extranjera». Este último extremo es falso, pues la inversión del exterior lleva medio año estancada; lo que sí es cierto es que la decisión de del Pino lanza una señal extremadamente negativa a los mercados en un momento de máxima debilidad del Gobierno por los choques continuos con Podemos.

A pesar de esta marcha atrás de Ferrovial en lo que se refiere a la justificación, lo cierto es que detrás del traslado de la compañía ha figurado siempre, entre uno de sus argumentos, la inestabilidad jurídica de España. Según los expertos en derecho internacional, hay inseguridad en un país cuando se cambian con frecuencia las reglas del juego sin avisar, cuando se altera de manera inopinada la presión fiscal sobre las empresas subiendo impuestos -a sociedades, autónomos o a las grandes fortunas como es nuestro caso-, o se crean  tasas de nueva generación -por ejemplo, sobre los bancos y las eléctricas-, o cuando las normas que regulan la financiación de las compañías son poco estables, como sucede en nuestro país. De hecho, el Gobierno de Amsterdam ha saludado la iniciativa de la multinacional española precisamente incidiendo en la estabilidad jurídica de que goza el país, así como en la flexibilidad de la regulación y en una fiscalidad muy favorable.

Naturalmente, hay otras razones que han impulsado el movimiento de Ferrovial. Hay razones detrás eminentemente prácticas: acogerse a un modelo impositivo confortable, sobre todo para el reparto de dividendos, y acceder desde Amsterdam con mayor facilidad a cotizar en Wall Stret, la Bolsa de Nueva York a la que están emigrando cada vez más compañías europeas -muchas de ellas británicas- en busca de un mercado profundo y con un acceso más franco a la financiación -dado el número de inversores y la abundancia de liquidez-. Esta es una tendencia que se está acelerando en los últimos tiempos en los que, entre otras cosas debido al Brexit, incluso la City de Londres está perdiendo progresivamente atractivo. Expertos en los mercados de valores inciden en que «es muy importante cotizar en América para conseguir recursos y la bolsa de Amsterdam pertenece a Euronext, mientras la de Madrid no».

La reacción furiosa del Gobierno con contra de Ferrovial ha merecido el repudio general de los inversores y de los empresarios -es propia del «más puro matonismo», aseguran-, que están realmente sorprendidos de que haya sido la vicepresidenta Calviño -considerada hasta hace poco como una cierta garantía para las empresas- la que haya liderado los ataques a la multinacional española. Primero diciendo que era una decisión absolutamente equivocada, después sugiriendo que era antipatriótica -«Ferrovial se lo debe todo a España»-, más tarde amenazando a la compañía con una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dilucidar si los argumentos aportados por la empresa de  Rafael del Pino para motivar el cambio de sede responden a la realidad, y finalmente amenazando a la compañía con restringir con ella la contratación de obra pública. Pero las sospechas sobre la seguridad jurídica de España es lo que más ha exaltado los ánimos, hasta el punto de que la señora Calviño ha celebrado hoy públicamente la rectificación de Ferrovial.

El presidente Pedro Sánchez no sólo ha sido el inspirador de los ataques sino que también los ha protagonizado en primera persona, primero diciendo que la ambición de del Pino era no pagar los impuestos españoles, acusándolo de insolidario, y después asegurando «que no todos los empresarios son iguales». Esta es la enésima vez que el jefe del Ejecutivo critica nominalmente a destacados empresarios españolas, después de las acometidas contra Ana Botín, presidenta del Banco Santander, e Ignacio Sánchez Galán, máximo responsable de Iberdrola. Los miembros del Gobierno en representación de Podemos también han arremetido contra Juan Roig, el presidente de Mercadona, al que han tachado de ejercer «un capitalismo despiadado», y mucho antes a Amancio Ortega, el fundador del imperio Inditex, después de sus donaciones al sistema público de salud para comprar maquinaria con la tecnología más puntera dedicada a tratamientos contra el cáncer. «No queremos caridad sino que pague más impuestos», dijeron.