Bruselas y el BCE critican la oposición del Gobierno a la OPA de BBVA sobre Sabadell

El veto precipitado e instantáneo del Gobierno de Sánchez a la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell una vez que adoptó carácter hostil y se concretó tres días entes de las elecciones en Cataluña ha causado estupor en los círculos de la Comisión Europea así como en el Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort.

Fuentes próximas a las dos instituciones consultadas por OKDIARIO revelan la perplejidad con la que se ha recibido la oposición del Ejecutivo español antes de conocer el análisis de los organismos que tienen que pronunciarse sobre la operación, que son la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el propio banco central.

En Fráncfort, además, se tiene la certeza de que la reacción apresurada del Gobierno tensionará al alza el coste de financiación de la deuda pública, pues ha sido muy mal recibida por los inversores.

El rechazo frontal a la opa hostil, que si triunfa, en el caso de que la acepte más de un 50 por ciento de los accionistas del Sabadell, daría lugar a la tercera entidad financiera española -después de CaixaBank y Santander- y a la segunda con mayor peso internacional, va en dirección contraria al objetivo que se ha marcado siempre la Comisión Europea y el BCE de auspiciar entidades financieras robustas y solventes -una suerte de campeones nacionales-.

En una fase posterior, lo ideal, según ambos organismos, es que los nuevos bancos fueran capaces de llegar a acuerdos transnacionales de fusión que dieran lugar a grupos en condiciones de competir con las grandes corporaciones americanas e infundir dimensión y potencia a la Unión Europea en su conjunto, fortaleciendo su protagonismo internacional.

La decisión apresurada del ministro de Economía, Carlos Cuerpo -que ayer se reunió con la responsable de supervisión bancaria del BCE, Claudia Buch-, sin que ninguno de los organismos eventualmente involucrados en la operación haya podido dedicar un segundo a estudiarla «es incomprensible», a juicio de los medios consultados: «Transmite a los mercados la impresión de falta de independencia de los reguladores implicados, descalifica al Gobierno por su intrusismo injustificado y descalifica al conjunto de la economía española, crecientemente sometida a un grado de intervención pública perjudicial para la atracción de capital, la inversión y el empleo».

Adicionalmente, las citadas fuentes ven muy complicado que la CNMC pueda ver problemas insalvables para la competencia, a pesar de que, en principio, aumente notoriamente el grado de concentración del sector en algunas partes del territorio nacional. «Tales problemas podrían resolverse estableciendo las oportunas obligaciones de desinversión para evitar el excesivo poder de mercado en algunas zonas, pero parece muy improbable que la institución reguladora prohíba taxativamente la opa».

En caso de que el organismo se inclinase por esta decisión extrema, existe además un precedente que situaría a la Comisión ante graves contradicciones que podrían ser aprovechadas en eventuales demandas judiciales: se trata de la absorción de Bankia por CaixaBank, a la que se exigió una serie de condiciones, pero que en absoluto levantó la reacción iracunda del Gobierno como en el caso actual.

En lo que respecta a la CNMV, su papel está constreñido a que la operación respete las reglas del mercado y cumpla con la normativa actualmente en vigor, así como a gestionar de manera ordenada la opa, de manera que se respeten los derechos de todas las partes. «Una intromisión de otra naturaleza sería inadmisible e incidiría en la pérdida de reputación del mercado español de capitales, que ya tiene una dimensión mucho más reducido que el resto de los grandes países de la zona euro», apuntan.

Los más viejos del lugar recuerdan el «bochorno y el descrédito que supuso para la CNMV las presiones del Gobierno de Zapatero cuando la eléctrica Endesa, entonces presidida por Manuel Pizarro, rechazó la opa lanzada por Gas Natural y busco en la alemana E.ON un caballero blanco, [una empresa] que mejorara el precio».

En aquel momento, el ex presidente Zapatero desató con éxito una coerción implacable contra la Comisión para impedir la entrada en España de la energética alemana, y finalmente la eléctrica española acabó en manos de la pública italiana Enel, que sigue siendo el propietario.

El asalto no fue gratuito, sin embargo. El entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe, presentó su dimisión, harto de la injerencia del Gobierno, con el consiguiente descrédito para el país. «Por eso pensamos que, en esta ocasión, el regulador español se lo pensará dos veces antes de someterse a las presiones del Ejecutivo», apuntan los medios consultados.

En tercer lugar, al BCE corresponde vigilar que el grupo resultante de una eventual fusión o compra de Sabadell por BBVA sea solvente, así como que tenga los niveles adecuados de capital y la liquidez ineludibles para garantizar su solidez. «Nuestra misión es de índole supervisora y prudencial con el fin de impedir cualquier atisbo de problema en el sistema financiero», apuntan las fuentes consultadas.

«Esto no obsta para que en general, y en relación con los países, también nos preocupe el nivel de deuda que soportan y la posibilidad de que suba el coste de su financiación en un momento en el que el banco central está reduciendo su balance y recortando progresivamente la masiva liquidez que ha venido inyectando al sistema durante los años de crisis», indican los medios consultados. «Los inversores no han entendido nada del veto español a la opa hostil. Implica un coste reputacional muy importante que preocupa al BCE», añaden.