El BCE pide al Gobierno frenar el impuestazo a la banca tras declarar «legítimo» cobrarlo a los clientes

El Banco Central Europeo aclara en su dictamen sobre el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer a la banca un impuestazo que los bancos están legitimados para subir los precios a sus clientes, y le pide frenar su tramitación hasta estudiar exhaustivamente sus consecuencias negativas para la economía española.

El BCE recomienda al Gobierno español que su propuesta legislativa «vaya acompañada de un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario». En particular, debería detallar «el impacto específico del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado».

«Conviene aclarar», dice el documento del BCE, presentado en la tarde de hoy jueves, que los «incrementos de precios aplicables a los clientes debidos a los aumentos de costes distintos del gravamen temporal, tales como gastos de explotación, de financiación y de capital; los aumentos de costes relacionados con la cobertura de riesgos; y los ajustes de los márgenes comerciales, son todos ellos aumentos legítimos».

El organismo europeo, que vela por la estabilidad financiera y por contener la inflación en la eurozona, añade que espera, por otra parte, que las entidades financieras «tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda».

«Habida cuenta de todas las circunstancias diferentes que pueden provocar un incremento de los precios en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo», explica el BCE, «parece difícil diferenciar si el gravamen temporal se trasladaría de forma efectiva a los clientes o no».

Así mismo, indica sobre el impuesto propuesto por Pedro Sánchez -el pasado mes de julio en el Congreso-, debe aclararse «qué mecanismos de verificación aplicará la CNMC para garantizar el cumplimiento de este requisito».

El BCE señala en su dictamen que el gravamen temporal «podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito». En ese caso, los bancos «que no se beneficien necesariamente de las condiciones actuales del mercado podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica».

También destaca que la aplicación del impuesto «únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria».

«Existe una discrepancia entre la redacción utilizada en la proposición de ley», subraya el organismo presidido por Christine Lagarde, «para establecer el criterio a la hora de determinar las entidades de crédito y financieras afectadas por el gravamen temporal, que hace referencia a la ‘suma de ingresos por intereses y comisiones, determinada de acuerdo con su normativa contable de aplicación’ y la redacción para determinar la base a la que se aplica el gravamen temporal del 4,8%, que se refiere a ‘la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior».