Los altos funcionarios ven en la sentencia de la UE sobre los interinos un aval contra la politización

Los altos funcionarios del Estado, y en particular los inspectores de Hacienda, que mantienen desde hace meses una guerra abierta con el Ministerio de la Función Pública sobre la proliferación de los interinos en la Administración, creen que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea publicada el jueves, en la que se insta al Gobierno de España a prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad, ataca de pleno la politización de los empleados públicos de mayor nivel, en la que lleva incurriendo reiteradamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esta politización de la función pública se ha ido impulsando a través de la promoción masiva de los interinos a la carrera funcionarial por la puerta de atrás, sólo con la aprobación de uno de los cinco exámenes que se exigen para acceder al puesto más alto en la escala administrativa. La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), que agrupa a 44 asociaciones profesionales y sindicatos, y representa a unos 15.000 funcionarios de carrera del subgrupo A1, los de mayor rango, ya enviaron una carta al Ejecutivo de Bruselas protestando por el intento del Gobierno de desvirtuar el funcionamiento tradicional de la Administración y la pérdida de la independencia que debe guiar todo tipo de acto oficial que lleva aparejada.

Previamente, Fedeca había remitido otra misiva a la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente, hasta la formación del nuevo Gobierno, de la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesus Montero, mostrando su oposición al nuevo sistema de promoción interna impulsado por el equipo de Sánchez. En la actualidad, las competencias sobre la Función Pública han sido asumidas por el también ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá.

De acuerdo con los altos funcionarios, las oposiciones que están convocando los distintos ministerios con el fin tácito de promocionar a los interinos no respetan los principios de mérito y capacidad para el acceso a la profesión. Están convencidos de que «lejos de conseguir dinamizar y mejorar la Administración, dicho sistema podría suponer la pérdida de independencia de los funcionarios y de su neutralidad política, así como de su nivel profesional, elementos esenciales para conseguir una Administración moderna, eficaz y lo más eficiente posible, que tenga como parámetro de actuación el respeto a la ley y que procure el beneficio de los ciudadanos».

Según Fedeca, aunque el Gobierno esgrime como pretexto para su estrategia la necesidad de hacer frente al proceso de jubilaciones masivas que va a afrontar estos años, la superación de dicho problema no debe motivar unos cambios drásticos en el sistema de acceso que supongan una reducción de conocimientos y competencias de los funcionarios. De acuerdo con la Federación, el modelo de Administración Pública debe ser una garantía para el desarrollo económico de España y debe fundarse siempre en el respeto de nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó el martes una sentencia en la que señala los abusos derivados del uso sucesivo de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos que se prorrogan ininterrumpidamente, y asegura en el fallo que convertir esos contratos temporales en fijos puede ser la solución que corrija ese abuso. Pero los altos cuerpos del Estado opinan que esta conversión debe hacerse en igualdad de condiciones en relación con las oposiciones que deben superar los ciudadanos que acceden a la función pública por el turno libre, y no reduciendo los niveles de exigencia, como vienen haciendo buena parte de los ministerios.

La sentencia puede suponer un fuerte varapalo para España, ya que, de hecho, el Tribunal europeo está instando al Gobierno a que convierta en fijos, a todos los efectos, a un número no determinado de empleados públicos interinos -que ha ido engordando en los últimos tiempos- y que podrían sumar cientos de miles. Según los expertos consultados, el órgano jurisdiccional deja poco margen para volver a respaldar la figura del indefinido no fijo, de la que ha abusado flagrantemente la Administración, principalmente durante la etapa del Gobierno del presidente Sánchez.

La pretensión del Gobierno hasta la fecha es que los interinos puedan pasar a ser funcionarios de carrera tan sólo con el primer examen, que suele ser aprobado por casi todos los opositores del turno libre porque no entraña una complejidad insalvable. Ya el año pasado, la entonces ministra responsable, la señora Montero, llegó a un acuerdo con los principales sindicatos representativos para una promoción interna basada, principalmente, en un test y en otros elementos subjetivos difícilmente evaluables y medibles.

Según los altos funcionarios del Estado, esta iniciativa «es del todo inadecuada para la pertenencia a unos cuerpos que tienen que ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración, tanto en materias de gestión pública como de asesoramiento a los órganos políticos sobre los límites técnicos y jurídicos de sus decisiones. En caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de dichas responsabilidades, afectando negativamente a la captación de talento para el servicio público y a la solvencia profesional de sus funcionarios». El acuerdo está recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.