Vox lleva a 17 ayuntamientos de Castellón su rechazo a la manipulación del censo con la ‘Ley de Nietos’

El pasado 8 de septiembre, la responsable del departamento jurídico de Vox, Marta Castro, cuando Pedro Sánchez aún no había convocado elecciones generales, advirtió que su formación no iba a permitir «que se juegue con nuestra democracia», en referencia directa a la conocida como ‘Ley de Nietos’.

Menos de un mes después, este martes, 7 de octubre, la formación, liderada en la provincia de Castellón por la también presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, ha decidido presentar en todos los ayuntamientos de la provincia de Castellón en los que cuenta con representación, un total de 17, una iniciativa que transmita de modo inequívoco el rechazo a «los intentos de manipulación del censo electoral derivados de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y de las instrucciones que han ampliado de forma extraordinaria el acceso a la nacionalidad española de descendientes españoles». Es decir, que muestren el rechazo a la conocida como ‘Ley de Nietos’.

En este sentido, la propia Llanos Masó ha explicado este miércoles que la nacionalidad española «no puede convertirse en una herramienta al servicio de los intereses electorales de Pedro Sánchez».

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO este martes 6 de octubre, según el último dato actualizado, hasta el 31 de agosto se habían aprobado casi 600.700 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos y cerca de 370.000 beneficiarios, más de la mitad, ya habían sido inscritos como españoles en el registro consular que nutre el CERA.

En su moción, Vox reclama que se dejen sin efecto y se declare la nulidad de las instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública «que han permitido extender este procedimiento a hijos, nietos, bisnietos e incluso tataranietos de españoles, sin atender a la fecha o los motivos por los que sus antepasados abandonaron España».

La moción señala, además, las enormes discrepancias entre las cifras históricas del exilio y el número de personas que han solicitado la nacionalidad por esta vía, con más de dos millones de interesados, según los datos recogidos en la iniciativa.

Vox denuncia que la interpretación realizada mediante las instrucciones administrativas ha permitido ampliar de manera extraordinaria el ámbito de aplicación de la norma. Y pone el foco en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y en la adscripción territorial de quienes nunca han residido en España.

Advierte, también, que hay municipios en los que los electores residentes en el extranjero superan a los residentes en el citado municipio. Una situación que Vox considera «incompatible» con la necesidad de garantizar un censo electoral «transparente, verificable y vinculado realmente al territorio».

En esa dirección, reclama que los ayuntamientos tengan participación en el proceso de adscripción territorial de los electores de voto CERA y puedan verificar si de verdad existe un vínculo real con el municipio, así como que se informe a las corporaciones municipales de las inscripciones en sus censos y se lleve a cabo una auditoría.

Y reclama, también, que la Junta Electoral competente revise «de manera inmediata e íntegra» las inscripciones en el censo electoral derivadas de las concesiones de nacionalidad realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática para comprobar si son correctas y están justificadas.