Intervención de la Generalitat advirtió del «pago indebido» de dietas en el IVAJ de Ximo Puig

Intervención de la Generalitat Valenciana advirtió en sus informes de auditoría de los años 2018 y 2019, correspondientes a los ejercicios de 2017 y 2018, de la existencia de supuestos «pagos indebidos» al personal no directivo en relación al cobro de dietas «sin derecho a percibirlas» en ambos ejercicios en el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Y desveló también en el informe correspondiente a la auditoría de 2017 que «en relación al personal directivo de la entidad», el IVAJ, «se abonan dos dietas por hospedaje que superan las cuantías máximas previstas en el decreto 24/1997 sin que conste justificación previa expresa por motivo fundado para sobrepasar estas cuantías tal y como regula el Código de Buen Gobierno».

Estas dos menciones de los citados informes de intervención sustentan una parte de la petición de documentación por parte de la Comisión de Investigación sobre supuestas irregularidades en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana al IVAJ.

Este, es también uno de los motivos para que quien fuera el responsable del IVAJ Jesús Damiá Martí haya sido incluido en la lista de comparecientes que tendrán que dar explicaciones a la comisión acerca de su gestión en es organismo. Damiá Martí llegó al IVAJ de la mano de la vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas con Ximo Puig, Mónica Oltra.

Comisión de investigación

Este 16 de enero, tal como ha publicado OKDIARIO, el actual presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón, denunció que el Gobierno de su antecesor, el socialista Ximo Puig, gastó 713 millones de euros en 253.122 contratos menores en sólo cuatro años. De esos 713 millones de euros, un total de 159 millones se destinaron a contratos menores. Y, otros 554 millones, fueron a abonar gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación.

Para poner en orden, Carlos Mazón ha emprendido una batería de iniciativas. Así, los dos partidos que sustentan al Gobierno valenciano, PP y Vox, han presentado y aprobado una comisión de investigación parlamentaria cuyo objeto es dar luz sobre los aspectos más oscuros de la gestión de esas empresas del sector público instrumental.

Esa comisión, tal como ha publicado OKDIARIO va a llamar a más de 40 cargos de la etapa de Gobierno de Ximo Puig. Reclamará convenios y contratos de 27 entidades e indagará en 4.000 contrataciones en un solo año de Gobierno de Ximo Puig.

Los supuestos «pagos indebidos» en el IVAJ

Pero, además, dentro de los organismos autónomos de la Generalitat, también ha puesto el foco en el IVAJ. Este organismo aparece en el plan de trabajo de PP y Vox para esa comisión de investigación porque Intervención de la Generalitat ha detectado supuestas anomalías, que ha reflejado en su informe de auditoría de cada ejercicio.

En concreto, los componentes de la Comisión de Investigación tienen previsto solicitar al IVAJ la documentación relativa a los «pagos indebidos efectuados al personal no directivo en relación al cobro de dietas sin derecho a percibirlas en los años 2017 y 2018, y de las dos dietas por hospedaje que superan la cuantía máxima sin justificación en el año 2017, que se señalan en los informes de Intervención General de la Generalitat».

Lo que dicen los informes

En concreto, el Informe de Intervención de 2017 sostiene en el capítulo destinado a «cumplimiento de la legalidad en materia de gastos de personal» y en cuanto a «indemnizaciones por razón de servicio», que: «En relación al personal no directivo, se han detectado pagos indebidos generalizados como consecuencia del abono del 50% de la dieta ‘otros gastos’ sin que se cumplan los criterios de devengo que dan derecho a percibirla». Y advierte que la entidad: «Deberá proceder a regularizar todos los pagos indebidos realizados por este concepto durante el ejercicio de 2017».

Pero, además, a continuación, el informe desvela que «en relación al personal directivo de la entidad se abonan dos dietas por hospedaje que superan las cuantías máximas previstas en el decreto 24/1997 sin que conste justificación previa expresa por motivo fundado para sobrepasar estas cuantías tal y como regula el Código de Buen Gobierno».

En la auditoría de un año después, la realizada en 2019 sobre 2018, Intervención sostiene que «si bien la entidad ha procedido ha regularizar esta situación para las indemnizaciones por razón de servicio satisfechas a partir de mayo de 2018, la entidad deberá proceder a regularizar todos los pagos indebidos por este concepto en los primeros meses de 2018».