Los agricultores llevarán su protesta ante Moncloa hartos de recortes de Sánchez al Tajo-Segura

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 20/01/2023 11:40
  • Actualizado: 20/01/2023 17:08

Agricultores y regantes llevarán el martes ante el Palacio de La Moncloa su protesta contra los nuevos recortes del Trasvase Tajo-Segura. La movilización está organizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y tendrá lugar en los exteriores del complejo mientras dentro está prevista la celebración del Consejo de Ministros que abordará la aprobación de los planes de cuenca intercomunitarios. Entre ellos, el conocido como plan del Tajo, que prevé un incremento del caudal ecológico en cabecera al que se oponen frontalmente agricultores y regantes porque, de facto, supone la liquidación de buena parte de la agricultura en Alicante, Almería y la Región de Murcia. Y no es un capítulo más en la guerra del agua, sino el que sigue a la histórica concentración del pasado día 11 de Madrid.

Incrementar el caudal ecológico en la cabecera del Tajo significa reducir el trasvase al Segura en una cantidad en torno a los 105 hectómetros cúbicos anuales. De hecho, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del campo de Alicante, Almería y Región de Murcia y que ha abierto este nuevo episodio de la guerra del agua ha sido la luz verde que el Consejo de Estado dio ayer al citado plan del Tajo y que tanto agricultores y regantes ya preveían, pero rechazaban.

Hasta el punto de que Jóvenes Agricultores-Asaja Alicante, una de las organizaciones agrarias de referencia en este territorio con más de 10.000 afiliados, subió a su propia página web un artículo en el que sostiene que «quizá se ha hecho demasiado evidente que este Gobierno socialista quiere convertir en ley un argumento basado en mentiras, con una hoja de ruta de apariencia ambiental que se empeña en vendernos la sustitución del agua trasvasada por la desalada».

En su escrito, Asaja enumera y explica lo que tacha de hasta cuatro «mentiras» en el argumentario oficial del Gobierno de Sánchez. En concreto, afirma que en el Alto Tajo «no existe caudal ecológico». Y que no sólo no existe, sino que está determinado en la ley 52/80 que regula el régimen de funcionamiento del propio trasvase, con un valor de 6m3/segundo, «posteriormente ratificado por la ley del Memorándum del trasvase».

Agrega, en referencia a la cuantía de esos caudales, que se fija en el Alto Tajo en 8,60 m3/segundo, cuando «no existe ningún informe técnico ni medioambiental que fundamente ese valor». Añade que «ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambienta, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada». Y sostiene, finalmente, que la energía fotovoltaica no puede ser panacea para el abaratamiento del coste económico y ambiental de la desalación.

No han sido las únicas reacciones a la decisión del Consejo de Estado, que preside la que fuera ministra socialista con Pedro Sánchez, Magdalena Valerio. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado la convocatoria de la Comisión Provincial del Agua a fin de estudiar las acciones para revertir la situación actual.