Cataluña

Llarena planea meter hoy en la cárcel al presidenciable Turull y a Rull, Romeva, Rovira, Bassa y Forcadell

El juez Pablo Llarena se inclina por dictar prisión para Jordi Turull y los otros cinco imputados citados este viernes ante el Tribunal Supremo. La decisión truncará el proceso de investidura abierto para designar al candidato de JxCat como nuevo presidente catalán y dejará sin aspiraciones de sucesión a Marta Rovira o Josep Rull, también citados ante el Alto Tribunal. Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa completan esta lista de seis cargos acusados en el caso del 1-O a los que este viernes se comunicará que deben entrar en prisión.

El juez del Supremo ha citado a todos ellos este viernes 23 a las 10:30 horas de la mañana. El objeto es notificarles el auto de procesamiento de una causa en la que el número de investigados se eleva ya a 28 personas por los delitos de rebelión, sedición o malversación. Pero la apertura del auto de procesamiento irá acompañada del auto de prisión incondicional para los seis citados, en base al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La propia providencia dictada por Llarena el pasado miércoles subrayaba la exigencia de que los seis imputados acudieran acompañados de letrado “a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, y, aclaraba, que su objeto era también la adopción de medidas cautelares. Esas medidas serán directamente las de ingreso en prisión por la gravedad de los hechos de los que les acusa y por la gran posibilidad de reiteración delictiva.

La decisión de Llarena llega después de haber mantenido en prisión, en contra del criterio del fiscal general, a Joaquim Forn. Una decisión que ha acelerado los planes de los golpistas y que ha llevado al Pleno de Investidura fallido de Turull con el objeto de amedrentar a la Justicia y evitar su ingreso en prisión bajo la presión de ser el candidato presidenciable.

Pero, dado el desarrollo de la sesión de investidura y las decisiones posteriores el efecto, ha sido todo lo contrario. Por un lado, Turull sale de la investidura sin ser president. Por el otro, las tres diputadas de ERC que comparecen este viernes ante Llarena –Forcadell, Rovira y Bassa– renunciaron a última hora de la noche de este jueves a sus actas de diputadas para «plantar cara al chantaje judicial».

Llarena no se dejará condicionar, como no lo hizo con Sànchez ni con Forn,  y se inclina ya por dictar auto de prisión para los seis citados por su notoria participación en el golpe del 1-O y por el evidente riesgo de reiteración delictiva.

Mazazo para el ‘procés’

La decisión supone un mazazo a los planes de los separatistas, que contaban con que podrían utilizar la figura de Turull –en el caso de haber sido investido– para, una vez más, fomentar el martirio y acusar al Estado y la Justicia de ser dos entes opresores del pueblo catalán.

Y es que, hay que recordar que tanto la Fiscalía como el propio Tribunal Supremo han avalado ya la tesis de que carece de justificación conceder permiso para asistir a un Pleno de Investidura a quien por su condición de preso no va a poder desarrollar el cargo de presidente.

Esta situación afecta a Turull y se puede colar en los planes de los separatistas de investir definitivamente al ex consejero en un segundo Pleno previsto inicialmente para este sábado.

De hecho, Llarena ya ha dado muestras en un caso como el del recurso de Forn de ser más proclive a la argumentación de los fiscales del Supremo –encabezados por el fiscal Javier Zaragoza en esa ocasión– que al criterio más laxo que mantuvo el fiscal general. En ese caso concreto, Zaragoza reclamó la prisión incondicional de forma contundente y lo hacía con un argumento que es perfectamente aplicable a todo el resto de imputados y, desde luego, a todo el resto de presos preventivos para que ninguno pueda salir de prisión, al menos, hasta que el ambiente golpista desaparezca de los principales partidos separatistas en Cataluña.

Zaragoza subrayó en su escrito que “lo cierto es que en el contexto actualmente vigente existen sectores y fuerzas políticas que claramente siguen apostando por la utilización de mecanismos de secesión al margen de las normas constitucionales”. Y que, por lo tanto, “no existe la certeza de que su actuación vaya a ser presidida por el respeto y la sujeción al ordenamiento jurídico vigente”. Factores que obligan a admitir un elevado riesgo de reiteración delictiva porque no hay nada que “permita excluir radicalmente la repetición de hechos delictivos tan graves como los acontecidos”.

Vuelta a prisión

La ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, por su parte, salió de la prisión madrileña de Alcalá Meco el pasado 10 de noviembre tras pasar una sola noche y pagar con gran celeridad la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Llarena. El magistrado le impuso comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante el juzgado de su conveniencia, y ante el Tribunal Supremo siempre que sea llamada, prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

Turull, Romeva, Rull y Bassa abandonaron la prisión de Estremera y de Alcalá Meco en diciembre, tras abonar sendas fianzas de 100.000 euros. Su paso por la prisión se limitó a un mes después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenara su encarcelamiento. Llarena les retiró además el pasaporte, la posibilidad de salir de España y les fijó comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado que elijan, bajo advertencia de que, si incumplen estas medidas, deberían volver a prisión.
Por su parte, Rovira abonó una fianza de 60.000 euros el pasado 28 de febrero para no ingresar en la cárcel. El pago se hacía efectivo por parte de la Caja Solidaria liderada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC).