PSOE e independentistas denuncian al Constitucional la eliminación del catalán en la sanidad balear

PSOE e independentistas de Més per Mallorca integrados en Sumar han denunciado este miércoles ante el Tribunal Constitucional la eliminación del requisito del catalán en la sanidad balear, presentando un recurso promovido por la entidad secesionista Obra Cultural Balear (OCB), contra el decreto del Govern de Marga Prohens (PP) que lo elimina.

Así lo han dado a conocer los portavoces parlamentarios de los socialistas y separatistas en el Parlament balear, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, y el miembro de la junta directiva de la OCB, Antoni Llabrés.

El representante de la OCB, entidad que aplaudió el golpe contra la Constitución de la Generalitat presidida por el prófugo Puigdemont en 2017, ha agradecido a PSOE y Sumar su predisposición a presentar este recurso a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso y ha manifestado que hará uso de «todos los instrumentos a su alcance» para «hacer frente a las agresiones contra la lengua propia de Baleares».

La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Estaba incluido dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la comunidad y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.

Con esto, el catalán vuelve a considerarse en Baleares un mérito, revocando los cambios normativos que introdujo el Ejecutivo de la hoy presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

Según la OCB, este decreto de Prohens «vulnera el principio de igualdad, volcado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatuto de Autonomía». También creen que «atenta contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente».

Para Llabrés, el decreto «vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 CE, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatuto constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización».

A su vez, el portavoz de la OCB considera que se hace un «uso fraudulento» de la figura del decreto ley, alegando que «no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad».

«No se contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Gobierno; ni se da tampoco lo que el Tribunal Constitucional denomina «conexión de sentido» entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que en el Decreto Ley se adoptan por considerarlas necesarias para paliarla», apuntó.

A juicio de Llabrés, «los ciudadanos de Baleares verán mutilado su derecho a comunicarse con la administración sanitaria en su lengua de preferencia, si ésta es la catalana, lo que supone una vulneración del derecho de opción lingüística recogido en el art. 14.3 del Estatuto».