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Prohens verá el fin de Mónica García en el ministerio sin tener que aprobar el polémico registro de médicos antiaborto

La táctica de la dilación ha resultado muy eficiente para el Govern de Marga Prohens y su consellera de Salud, Manuela García. A través de diversas informaciones durante el último año, OKBALEARES ha ido adelantando las pocas ganas que tiene el Ejecutivo balear de dar el gusto a la ministra Mónica García aprobando el polémico registro de médicos que se niegan a practicar abortos. «Es de obligado cumplimiento y el Govern cumple siempre con la ley, pero no sabemos cuánto tiempo durará el trámite», han admitido siempre desde Salud a este periódico cada vez que se ha preguntado por el asunto.

OKBALEARES lo avanzó en diciembre de 2025 ante la amenaza de Mónica García a autonomías como Madrid y Baleares que se habían declarado en rebeldía a pesar de las acciones legales anunciadas desde el ministerio y que sí se llevaron a cabo contra la Comunidad de Madrid. «Baleares cumplirá», se ha seguido insistiendo desde el Govern a lo largo de todo este año.

Un año después, el decreto que debía aprobar la creación del registro no ha pasado por el Consell de Govern y a Mónica García le quedan semanas al frente del Ministerio de Sanidad.

Baleares se ha hecho «el remolón» con este asunto, aunque no se quiera admitir públicamente, pero lo cierto es que un año después el decreto no está listo y no figura en las previsiones más cercanas del equipo de Prohens. Hoy, la explicación es que «es que es un texto muy complejo». No verá la luz.

Se trata de un registro de médicos que se niegan por razones religiosas o de conciencia a practicar abortos en estas comunidades, las bautizadas como listas negras. Madrid, Baleares y Aragón fueron las autonomías declaradas en rebeldía tras el último plazo que les dio la ministra Mónica García para que elaboren el registro, las tres amenazadas con acciones judiciales.

Aragón acabó cumpliendo y Ayuso y Prohens verán salir a Mónica García del Gobierno de España sin haber cumplido, y sin sanciones ni denuncias, al menos en el caso de Baleares.