Profesores advierten de que casos como el de Canet de Mar no deben reproducirse en Baleares

La asociación de profesores PLIS, Educación por favor anima al conseller Martí March a introducir en la ley educativa balear el 25% de la enseñanza en castellano para proteger a los directores de los centros y a los miembros del consejo escolar de posibles condenas.

Después de las sentencias en Cataluña, PLIS cree que «es cuestión de tiempo que los tribunales condenen, incluso por vía penal, a directores de centros educativos» y obliguen al Govern balear a asegurarse de que los proyectos lingüísticos de los centros no sean de inmersión total y obligatoria en catalán, aseguran desde esta asociación en un comunicado.

Además, afirman que sucesos como los de Canet de Mar, «de acoso a quienes reclaman sus derechos y de enfrentamientos entre familias no deben reproducirse en Baleares».

«Es ahora el momento para que la Ley March cumpla con el ordenamiento jurídico e introduzca de forma clara que los centros no pueden optar por la inmersión obligatoria en lengua catalana», manifiesta PLIS.

La asociación apunta que de esta forma el Govern de Francina Armengol «protegerá eficazmente a los directores y a los miembros del consejo escolar, ya que, según la ley, los directores son los responsables de redactar los proyectos lingüísticos y los miembros del consejo escolar, de aprobarlos».

PLIS señala que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, basada en sentencias previas del TS y TC, que obligan a introducir en los proyectos lingüísticos un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano y en al menos una materia troncal, «ni el Govern balear ni los directores de los centros pueden escudarse en el desconocimiento de la jurisprudencia, que tiene fuerza de ley».

Hay que recordar que Armengol afirmó en el Parlament que no existe jurisprudencia que imponga el castellano como lengua vehicular en al menos el 25% del horario lectivo y en una asignatura o materia troncal o análoga. PLIS reaccionó de inmediato y aseguró que dicha afirmación era falsa, puesto que «el Defensor del Pueblo comunicó al propio conseller de Educación, Martí March, que existe tal jurisprudencia».

Esta organización advierte tanto al Ejecutivo autonómico como a los directores de los centros de que «de persistir el primero en la omisión del deber de hacer cumplir el ordenamiento jurídico y los segundos en la exclusión del castellano como lengua vehicular, pueden verse inmersos en querellas por vía del contencioso-administrativo y en procesos penales por prevaricación».