La Policía señala a Margalida Ramis, activista y ex portavoz del GOB, por lanzar el mensaje por megafonía que provocó un motín
Las palabras pronunciadas por la activista desencadenaron la reacción de un grupo de manifestantes contra los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)
La Policía señala al delegado del Gobierno por autorizar el cierre de la manifestación en una ‘ratonera’ pese a las advertencias de seguridad
La investigación policial apunta a que los altercados fueron provocados por grupos violentos infiltrados al cierre de la manifestación
La investigación de la Policía Nacional sobre los graves incidentes registrados durante la manifestación contra el turismo celebrada el pasado domingo en Palma a la que ha tenido acceso OKBALEARES sitúa a la activista y ex portavoz del GOB, Margalida Ramis, en el origen del motín registrado en la zona de Dalt Murada, la pasarela del Parc de la Mar y Ses Voltes.
Según consta en el atestado policial, fueron las palabras pronunciadas por Margalida Ramis las que desencadenaron la reacción de un grupo de manifestantes contra los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que en ese momento impedían el acceso al recinto de Ses Voltes una vez alcanzado el límite de aforo establecido. La investigación policial atribuye a esa intervención el inicio de los graves altercados, si bien, por el momento, no determina si Ramis actuó con la intención de provocar esa respuesta o si sus manifestaciones derivaron de forma sobrevenida en los disturbios.
La Policía Nacional sitúa el origen de los incidentes en Ses Voltes, donde el dispositivo de seguridad tuvo que intervenir para hacer cumplir el límite de aforo previamente acordado entre los organizadores de la protesta y los responsables policiales. De acuerdo con el informe, únicamente podían acceder 1.500 personas al recinto por motivos estrictamente relacionados con la seguridad.
El atestado policial señala que esta limitación respondía a criterios técnicos destinados a evitar el colapso de los accesos, garantizar una posible evacuación en caso de emergencia y prevenir situaciones de avalancha, de acuerdo con los protocolos previstos para este tipo de concentraciones. Siempre según la versión policial, dicho límite fue aceptado durante las reuniones de planificación mantenidas con los organizadores.
Los investigadores sostienen que, una vez alcanzado el aforo máximo, los agentes de la UPR procedieron a impedir el acceso de más participantes al recinto, momento en el que comenzó el episodio de mayor tensión. El informe recoge que la situación derivó posteriormente en enfrentamientos con la Policía, lanzamiento masivo de objetos y la necesidad de realizar cargas policiales para restablecer el orden.
Por su parte, OKBALEARES ha contactado con Margalida Ramis, quien apunta que: «Mi papel era exclusivamente el de mediar con la Policía y contribuir a calmar los ánimos, no el de incitar a ninguna actuación. De hecho, si no hubiéramos intervenido para abrir un pasillo que permitiera salir a la Policía Nacional del embudo en el que se había quedado atrapada, entre la gente que quería acceder y la que salía de Ses Voltes, la situación podría haber terminado en un auténtico desastre», señala la activista.
«Cogí el megáfono precisamente para pedir calma y transmitir a los asistentes que interpretaran lo sucedido como un éxito. También les expliqué que haríamos todo lo posible para poder leer el manifiesto en el exterior. Hay más testimonios que acreditan esta versión que gotas de agua en el mar», concluye.
Malestar policial con la Delegación del Gobierno
Los incidentes también han abierto un importante frente de críticas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Representantes sindicales y fuentes próximas a la Policía Nacional responsabilizan a la Delegación del Gobierno en Baleares de haber autorizado que la manifestación concluyera en Ses Voltes, un espacio que califican de insuficiente para albergar a miles de manifestantes.
Las críticas se dirigen especialmente hacia el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a quien diversos representantes policiales atribuyen la responsabilidad política de mantener el recorrido previsto pese a las advertencias realizadas por los mandos encargados de planificar el dispositivo de seguridad.
Según estas fuentes, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma defendieron desde el inicio que la concentración final debía celebrarse en el Parc de la Mar, un espacio abierto con capacidad para más de 50.000 personas y con mayores garantías de evacuación. Sin embargo, la organización de la protesta habría rechazado modificar el itinerario inicialmente previsto.
La investigación policial permanece abierta para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los altercados registrados al término de la manifestación contra el turismo en Palma. En los próximos días está previsto que finalice el análisis de toda la documentación y se proceda a la detención de todos los agresores involucrados en los altercados. Del mismo modo, la Policía Nacional anuncia que no aceptará ningún tipo de injerencia por parte de la Delegación del Gobierno y que actuará conforme a la ley. En caso contrario, solicitará amparo a la autoridad judicial.
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