El pequeño comercio de Palma exige al Ayuntamiento suspender la conversión de 1.000 plazas ORA del centro en aparcamientos para residentes
Supondría una reducción del 82,4% del estacionamiento de rotación, el utilizado por clientes y visitantes
“No se puede aplicar una medida de este alcance sin conocer sus consecuencias sobre el tejido comercial”
El pequeño comercio de Palma exige al Ayuntamiento suspender la conversión de 1.000 plazas ORA del centro en aparcamientos para residentes. En este sentido, la patronal AFEDECO, la federación mayoritaria de comercio de Baleares, ha reclamado al consistorio que no ponga en marcha la conversión de 1.027 plazas ORA en plazas para residentes en el centro de la ciudad, y abra un proceso real de diálogo con el comercio y la ciudadanía, al considerar que una decisión de este impacto no ha contado con una participación sectorial específica.
La patronal denuncia además que la medida ha sido aprobada y publicada en el BOIB sin conocimiento previo de los sectores afectados. «Nos hemos enterado de casualidad, al publicarse de forma deliberadamente discreta, sin el debate público que una medida de este calibre exige, lo que refuerza la sensación de falta de transparencia», ha afirmado la presidenta, Joana Manresa.
La entidad advierte de que la medida supondría una reducción del 82,4% del estacionamiento de rotación, el utilizado por clientes y visitantes, al pasar de 1.247 a solo 220 plazas disponibles en los sectores 1.1, 1.2 y 1.3. “Estamos ante una transformación muy profunda del modelo de acceso al centro que no puede adoptarse sin escuchar de forma directa a los sectores afectados”, ha señalado la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa.
Aunque el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones de 2023 ya contemplaba la conversión de estacionamiento en plazas para residentes, AFEDECO subraya que el proceso participativo previo se centró en aspectos generales como las restricciones de tráfico o los distintivos ambientales, pero no en una medida concreta de esta magnitud. «No consta que se haya consultado específicamente ni la eliminación de más de mil plazas de rotación ni su impacto real sobre el comercio y la actividad económica del centro», afirma Manresa.
En este sentido, ha solicitado acceso al expediente completo, incluyendo la identificación de las encuestas realizadas, su metodología, la muestra utilizada y los resultados íntegros. «·No se puede justificar una decisión tan concreta apoyándose en procesos participativos genéricos. La participación tiene que ser real, específica y transparente», ha añadido.
La patronal ya se ha personado en el expediente administrativo con el objetivo de analizar en detalle la tramitación y valorar la interposición de un recurso. «Consideramos que es una medida que puede ser anulable si no se acredita correctamente la participación, la proporcionalidad y la existencia de alternativas», ha señalado la presidenta.
La entidad también cuestiona la falta de un análisis detallado de las alternativas de movilidad. Aunque el proyecto menciona mejoras en transporte público o la ampliación de BiciPalma, la organización considera que estas medidas, por sí solas, no garantizan una solución suficiente para los desplazamientos que dejarán de contar con estacionamiento de rotación. «Hay perfiles de usuarios, como personas mayores, familias o clientes de otros municipios, para los que estas alternativas no son equivalentes», apunta la presidenta.
Asimismo, AFEDECO considera imprescindible que se realice un estudio económico previo que evalúe el impacto sobre ventas, empleo, afluencia y continuidad de los negocios. «No se puede aplicar una medida de este alcance sin conocer sus consecuencias reales sobre el tejido comercial», ha insistido Manresa.
Por ello advierte también de la necesidad de clarificar el alcance exacto de la medida, ya que mientras el estudio técnico mantiene 220 plazas de rotación, la resolución municipal apunta a una conversión generalizada. Por ello, solicita la identificación detallada de las plazas afectadas y de las que se mantendrán.
«Nosotros no estamos en contra de mejorar la calidad ambiental ni de avanzar en movilidad sostenible. Lo que pedimos es que las decisiones se tomen con rigor, con datos y contando con quienes van a verse directamente afectados», ha subrayado Manresa.
Por todo ello, la Federación solicita la suspensión temporal de la medida hasta que se acredite el proceso de participación, se evalúe su impacto económico y se garantice que existen alternativas de movilidad y estacionamiento suficientes.
«No es aceptable que una decisión de este alcance se apruebe sin conocimiento del sector y sin transparencia. Cuando hablamos de participación, hablamos de algo real, no de trámites formales que no abordan las medidas concretas», ha concluido Manresa.
El colectivo referente del pequeño comercio reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento para encontrar soluciones equilibradas que compatibilicen la sostenibilidad ambiental con la accesibilidad y la vitalidad económica del centro de Palma. «La ciudad necesita avanzar, pero hacerlo bien. Y eso pasa por escuchar, analizar y decidir con responsabilidad», concluye la presidenta.
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