El orden público, rehén de la política
Asesinatos, tráfico de drogas, robos, estafas… Podríamos enumerar prácticamente todos los delitos contemplados en nuestro Código Penal. Sin embargo, y al margen de la peligrosidad que entraña cada uno de ellos, hay una realidad que quienes hemos conocido de cerca el trabajo policial sabemos perfectamente: probablemente, uno de los mayores desafíos a los que debe enfrentarse la Policía no es la investigación de esos delitos, sino el mantenimiento del orden público.
Y aquí aparece una paradoja difícil de explicar. El Estado ostenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza y dispone de los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad colectiva, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar que determinados grupos impongan su propia ley. Sin embargo, cuando llega el momento de ejercer esa autoridad, nos encontramos demasiadas veces con escenarios en los que los violentos terminan adueñándose de las calles, levantando barricadas, incendiando contenedores, destrozando establecimientos, saqueando comercios y agrediendo a los propios agentes de la autoridad.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley terminen encontrándose, en determinadas circunstancias, condicionados por quienes precisamente la están vulnerando?
El problema no es la existencia de manifestaciones, huelgas o protestas. Son derechos constitucionales que deben respetarse y protegerse. El problema comienza cuando esos derechos se utilizan como cobertura para la coacción, las amenazas, las agresiones y la destrucción de bienes públicos y privados. Y es entonces cuando el Estado tiene la obligación de actuar, sin complejos y sin cálculos partidistas.
Hemos vivido situaciones que deberían haber servido de lección. Durante los acontecimientos del procés en Cataluña, el despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil fue extraordinario. Sin embargo, la actuación de estos cuerpos quedó sometida a importantes limitaciones operativas y políticas. La intervención de los agentes en los episodios de violencia callejera fue objeto de controversia y dejó imágenes de policías heridos, algunos de gravedad, vehículos incendiados y cuantiosos daños en el mobiliario urbano y establecimientos comerciales.
La pregunta sobre las instrucciones recibidas, las decisiones adoptadas y las posibilidades reales de actuación de los efectivos desplazados sigue siendo pertinente. Porque movilizar a miles de agentes para después limitar su capacidad de intervención plantea un problema que trasciende lo estrictamente policial: afecta directamente a la autoridad del Estado.
Y lo sucedido durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre vuelve a situarnos ante un escenario que merece una reflexión profunda. Los denominados piquetes informativos no pueden convertirse en instrumentos de intimidación. Informar es un derecho; coaccionar, amenazar, agredir o impedir por la fuerza que otros ciudadanos ejerzan su derecho al trabajo es otra cosa muy distinta.
Los balances de la jornada reflejan centenares de incidencias, detenciones, cortes de vías de comunicación, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas policiales. En Barcelona, los disturbios posteriores a las manifestaciones incluyeron destrozos en comercios y quema de contenedores. En el País Vasco, siete agentes de la Ertzaintza resultaron heridos en distintos incidentes.
No estamos hablando, por tanto, de una simple discrepancia entre manifestantes y policías. Estamos hablando de la necesidad de garantizar que nadie pueda situarse por encima de la ley amparándose en una reivindicación política o sindical.
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