Jucil se suma a las críticas a Yolanda Díaz por señalar a los agentes que no hablan catalán en Baleares

La Guardia Civil ha mostrado su preocupación por el señalamiento de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a los agentes de la Benemérita que hablan español en las Islas Baleares. Y es que la ministra de Trabajo señaló a los guardias civiles que dan servicio en las Islas por no hablar en catalán y aseguró que no hacerlo supone una «infracción muy grave» que podría conllevar hasta seis años de suspensión de empleo.

Tras esta amenaza, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, se suma a las críticas de otras asociaciones como AEGC o IGC y ha acusado a la vicepresidenta segunda del Gobierno de «anteponer la cuestión lingüística a la seguridad ciudadana» y considera que su exigencia lingüística podría suponer «un grave perjuicio para la operatividad de la Benemérita en el archipiélago».

Según ha explicado Jucil, los agentes de la Guardia Civil destinados en Baleares ya cumplen con los requisitos que requiere el Ministerio del Interior a través de la Dirección General para ocupar destino en la región insular.

Es por ello que la asociación ha considerado que esta «imposición idiomática restringirá significativamente el interés de los agentes por solicitar destino en Baleares». Además, han advertido que la amenaza de Yolanda Díaz «empujará a muchos a marcharse, agravando aún más la ya precaria situación de falta de personal que sufre la Guardia Civil en la zona».

Y es que según ha recordado Jucil, «Baleares no es un destino prioritario para los efectivos» de la Guardia Civil «debido al elevado coste de vida, al que no pueden hacer frente con sus retribuciones actuales». Una situación preocupante a la que se le tiene que sumar la falta de reposición de los agentes jubilados o trasladados, «afectando gravemente a puestos principales que carecen de oficiales y suboficiales suficientes, como es el caso especialmente preocupante del aeropuerto de Son Sant Joan, el más transitado de España en verano».

Falta de efectivos de la Guardia Civil en Baleares

No obstante, ha advertido Jucil, la situación se podría agravar aún más tras la reclamación de Sumar al Gobierno, del cual forma parte, de considerar como «infracción muy grave» que la Guardia Civil no atienda a los ciudadanos de Baleares en catalán, «lo que podría acarrear hasta seis años de suspensión de empleo para los agentes».

Para la asociación, esta medida «evidencia una clara priorización de la política lingüística por encima de la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos», especialmente en una comunidad autónoma que ya adolece de «una alarmante falta de medios humanos y materiales» para cubrir sus múltiples funciones.

En este sentido, Jucil ha alertado que la necesidad de cubrir vacantes en Baleares es apremiante para atender a su población habitual. Pues, según ha apuntado, solo en la escala básica se contabilizan 376 vacantes, de las cuales 241 en Mallorca, 90 en Ibiza, 43 en Menorca y 24 en Formentera. Estas cifras no incluyen los diferentes puestos de la cadena de mando, lo que evidencia «una carencia de personal aún mayor en todos los niveles».

La asociación también ha advertido sobre cómo influye esta «falta de efectivos» en la «preocupante» tendencia al alza de los índices de criminalidad en Baleares. En 2024, la criminalidad aumentó un 2,4% en el archipiélago, con más de 80.300 delitos registrados, mientras que la media nacional descendió un 0,3%. Para la asociación, este dato muestra la necesidad «urgente» de reforzar la seguridad en la región, en lugar de «imponer trabas que dificulten la llegada y permanencia de agentes», como haría, en su opinión, la exigencia de Sumar.

Para Jucil, esta decisión «supondría una amenaza y un paso más para la futura desaparición de la Benemérita», ya que a su parecer pondría «en riesgo» las numerosas funciones que desempeña la Guardia Civil en Baleares, que van desde la seguridad ciudadana hasta la vigilancia de costas, fronteras, aeropuertos y carreteras, el control del tráfico y la protección de edificios e instalaciones públicas.