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Política Lingüística

Ibiza se queda sin médicos por no saber catalán: faltan 40 especialistas y 20 facultativos de Atención Primaria

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol exige a todos los sanitarios saber catalán para trabajar en las Islas

Este domingo se ha visto obligado a rectificar y a no exigir el catalán para poder cubrir vacantes en Urgencias

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La acuciante falta de médicos en Ibiza, cifrada en unos 40 especialistas y 20 facultativos de Atención Primaria, ha obligado al Govern balear que preside  la socialista Francina Armengol a incumplir su propia ley sobre el catalán. La consellera de Salud, Patricia Gómez (PSOE) no ha tenido más remedio que rectificar las bases de la convocatoria para cubrir siete plazas en Urgencias.  El hecho es que se presentaron cinco médicos a  la convocatoria pero tres de ellos quedaron excluidos por no disponer del nivel B2 de catalán que se exigía.

Ahora, la Conselleria de Salud ha modificado las bases de las convocatoria y ha eliminado el requisito del catalán incumpliendo así la ley que aprobó en 2016 el pacto de izquierdas que gobierna en Baleares. Esta ley establece que el conocimiento del catalán es un requisito para acceder a una plaza pública en la sanidad balear.

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ya advirtió la pasada semana de que en  estos momentos era un tremendo error exigir el nivel B2 de catalán a los facultativos que querían optar a estas plazas de Urgencias y denunció que la consellera Patricia Gómez «no dijo la verdad cuando aseguró recientemente que nadie iba a quedar excluido por no saber catalán». Son palabras de Antonio Pallicer, delegado de Simebal en Ibiza. Para Pallicer «es lamentable excluir de manera directa a profesionales por el simple hecho de no contar con el título habilitante de catalán».

El presidente del Sindicato Médico en Baleares, Miquel Lázaro, sostiene, en declaraciones a Radio Nacional, que «es lamentable que haya plazas sin cubrir en Menorca, Ibiza y Formentera por el requisito del catalán». Añade que el Govern «debe adaptar su política lingüística a las necesidades de la salud».

Lázaro comenta que sobre todo en Ibiza hay un déficit crónico de facultativos y que de manera urgen se deben cubrir las 40 plazas de especialistas y las 20 en Atención Primaria que están vacantes.

A principios de año, el Área de Salud de Ibiza y Formentera informó de que la marcha de profesionales a otras comunidades y las jubilaciones habían dejado muchas plazas vacantes. Son plazas que no se han podido cubrir en la mayoría de casos por falta de médicos dispuestos a aprender catalán para poder trabajar en las Islas. Sólo en el Hospital Can Mises de Ibiza, en febrero de este año había un déficit de 15 médicos para completar las plantillas.  Eran una plaza Otorrinolaringología; una en Endocrinología; una en Neumonología; una en Oncología; una en Medicina Interna; cuatro en Anestesiología; cinco en Radiología; y una en Microbiología. Sólo una mínima parte de estas plazas se ha podido cubrir a lo largo del año.

La cronología

El 23 de marzo de 2018 el Govern balear decretó que todos los médicos y enfermeros que quisieran sacarse una oposición tenían que acreditar un título de catalán. En el caso de no tener uno, disponían de una moratoria de dos años para sacárselo, o no tendrían derecho a traslados ni al complemento de carrera profesional.

El sindicato CSIF y la plataforma Mos Movem presentaron sendos recursos ante el Tribunal Superior de las Islas Baleares (TSJIB) al considerar ilegal el decreto, y en enero de 2020 se dictó una primera resolución que lo declaraba nulo por vulnerar derechos del personal sanitario. Sin embargo, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol presentó un recurso de casación.

La situación para la sanidad balear empeoró el pasado 27 de octubre cuando el  Tribunal Supremo acordó no admitir a trámite el recurso del Govern contra la anulación del decreto que establecía el requisito de catalán para los sanitarios.  Cabe recordar que fue el Tribunal Superior de Justica de Baleares (TSJIB) quien anuló dicho decreto por discriminar el acceso igualitario al empleo público. Tras esta decisión, el Ejecutivo de Armengol aplica la ley que obliga a los sanitarios a disponer del mismo  nivel de catalán que le exigen a un profesor, el C1 en lugar del B2 .

El problema con la lengua en la sanidad no empieza con el decreto, sino con la ley de capacitación lingüística de 2016. Esta norma establece que el C1 de catalán será requisito en todo el ámbito de la función pública. Es decir, cualquier funcionario deberá tener el mismo nivel que un profesor.