El Govern de Prohens pondrá en alquiler 2.000 pisos a un precio mensual que rondará los 1.000 euros
Captará viviendas vacías garantizando el cobro de las cuotas y las arrendará
Los inmuebles tienen que estar en buen estado y con una antigüedad mínima de tres años
El Govern balear que lidera la popular Marga Prohens ultima el lanzamiento del denominado plan Alquiler Seguro, que en una primera fase pondrá en alquiler 2.000 viviendas a un precio un 30% inferior al de mercado (1.450 euros de media en Palma), a menos, por tanto, de 1.000 euros al mes.
La Conselleria de Vivienda y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ultiman los detalles de un programa que tendrá una vigencia de dos años, desde su puesta en marcha y tras su aprobación por el consejo de administración del citado ente público.
Este plan consistirá básicamente en que la administración autonómica (o el Ibavi en su nombre) actuará captando estas viviendas vacías a sus propietarios, garantizando totalmente el cobro de las cuotas de alquiler, en precios de mercado y garantizando la devolución de los inmuebles en el mismo estado que en el que se captaron. A su vez, la actuación del Govern permitirá ofrecer estos pisos en el mercado a precios accesibles.
Entre los requisitos que deben cumplir los propietarios, figuran que las viviendas no tienen que haber estado habitadas desde hace seis meses, como mínimo; deben tener una antigüedad de tres años o más (no podrán ser viviendas nuevas), deben estar en un buen estado de limpieza y mantenimiento que permita la entrada inmediata del inquilino y no tienen que ser inmuebles de un gran tenedor.
El plan tiene como objetivo sacar al mercado viviendas que actualmente se encuentran vacías y sin uso, habitualmente debido a la prevención o temor de los propietarios ante los abusos e inseguridad: impagos o casos de okupas o inquiokupas, que después no pueden ser desalojados al acogerse a la situación de vulnerabilidad que prevé la ley estatal.
El Ejecutivo balear pretende así aumentar la oferta de viviendas a precios accesibles aprovechando pisos ya existentes y vacíos, y eliminar la incertidumbre de los propietarios frente a la posibilidad de no cobrar las cuotas mensuales de alquiler.
Se prevé que la administración abone a los propietarios un precio de alquiler acordado a través del agente inmobiliario o administradores de fincas de acuerdo con los convenios suscritos entre estos colegios profesionales y el IBAVI. La misma administración arrendará estas viviendas a un precio por debajo del precio de mercado. El precio máximo que abonará el Govern al propietario dependerá de la realidad de cada isla y municipio.
Incentivar la salida de viviendas cerradas al mercado
«Debemos generar seguridad jurídica y ese es el objetivo del programa. Que el Govern se convierta en el inquilino, subarrendando a particulares y con todas las garantías al propietario. Tener tantas viviendas cerradas no es aceptable y por ello el Govern busca soluciones que pasan por incentivar la salida de estas viviendas al mercado.»
En este sentido, desde el Ejecutivo destacan que este programa persigue el mismo objetivo que el modelo fracasado de declarar zonas tensionadas, como fija la Ley estatal de Vivienda. «Lo que hacemos es generar seguridad jurídica a quien tiene la disposición de sacar sus propiedades al mercado.»
Para poder ser beneficiario de estos pisos, se establecerán unos límites de ingresos de renta a los inquilinos (como ya se hace en el programa de avales Garantía Hipoteca IBAVI u otros) y también otros requisitos adicionales. Tendrá que ser la vivienda habitual y permanente del adjudicatario durante la vigencia del contrato y no podrá destinarse a otro uso como el alquiler turístico.
También tendrán que empadronarse en la vivienda alquilada y se exigirá la misma o casi idéntica documentación, que en el caso de un alquiler particular: contrato de trabajo, referencias, IRPF de los años anteriores, etcétera.
El plan Alquiler Seguro, concluyen desde la Conselleria de Vivienda, cumple un compromiso electoral del PP de Marga Prohens y se enmarca en lo que prevé la Ley de Vivienda de Baleares, en el sentido de «impulsar políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en régimen de alquiler, de las viviendas desocupadas».
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