El Govern balear propone localizar a las familias de los menas para poder devolverlos a sus países de origen
El Ejecutivo autonómico asegura que muchos menores no están en una situación de desprotección ya que siguen manteniendo contacto con sus allegados
Ya no son argelinos: la mayoría de menas que llega a Mallorca en patera viene de Guinea-Conakry
Localizar a las familias de los menas tutelados en el archipiélago para evaluar su retorno con todas las garantías a sus países de origen. Ese es el objetivo prioritario por el que ha abogado este martes el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) para afrontar la crisis migratoria que sufren las Islas y acabar con la saturación de los centros de acogida de estos menores.
Así lo ha propuesto la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien ha asegurado que muchos de estos menas no se encuentran en una situación de desprotección real, salvo por el hecho de estar solos, ya que muchos de ellos mantienen contacto con sus allegados.
«Los niños y niñas donde mejor están es con sus familias. Muchas de ellas están localizadas o se podrían localizar; tenemos la responsabilidad de hacer un esfuerzo para ver qué ha pasado y si pueden ejercer como familias protectoras, que creo que en muchos casos ni siquiera han dejado de serlo», ha argumentado.
Y es que Baleares roza ya los 900 menores migrantes no acompañados, una cifra que mantiene colapsados los centros de protección, con un panorama especialmente «dramático» en Formentera.
Por si fuera poco, los consells insulares, competentes en la materia, no solo afrontan estrecheces económicas, sino una severa falta de personal y de infraestructuras dignas.
Esta iniciativa entronca con la proposición no de ley (PNL) registrada por el PP para exigir al Gobierno central medidas concretas ante el flujo migratorio que llega a las islas, situando la reagrupación familiar en el país de origen como eje central.
Para lograrlo, Fernández considera clave activar los canales diplomáticos del Ejecutivo central con los países de origen y contar con la cooperación de los propios menores. El propósito final es certificar que las familias son aptas para la crianza y tramitar la devolución de los menores «con todas las garantías». «A pesar de las dificultades y de que necesitamos la colaboración del Gobierno, es una cuestión de puro sentido común», ha enfatizado la dirigente del PP.
De cara a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 27 de agosto, donde se debatirá un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, la consellera ha vuelto a hacer una llamada de alerta sobre la presión asistencial en las islas.
Cuestionada sobre la posible ampliación del espacio de acogida temporal junto al CATE de Son Tous —medida mencionada recientemente por la presidenta Marga Prohens—, Fernández ha evitado dar detalles y ha remitido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por ser el organismo encargado de su gestión.
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