El Consell de Mallorca culpa a la izquierda de la millonada que costará el rescate del túnel de Sóller

El presidente del PP del Consell, Llorenç Galmés, ha manifestado este jueves que la institución insular «deberá pagar una cantidad importante de dinero de todos los mallorquines» después de que el Tribunal Supremo dictaminara este pasado miércoles que el rescate del túnel de Sóller acordado por el pacto de izquierdas en 2017 fue ilegal, y ha exigido a los dirigentes que en esos momentos tomaron esa decisión que «pidan perdón por ese acuerdo político tan grave y que afectará económicamente al Consell».

En declaraciones a OK DIARIO, el presidente insular ha explicado que el dinero del rescate se iba a recuperar en cinco años, sin que tuviese un coste importante. Desde el nuevo equipo de gobierno del Consell, el dirigente popular asegura que «se trabajará para que la institución pague lo menos  posible e intentar que la cantidad de 16 millones de euros que ya se pagaron no se vea muy aumentada» y que los mallorquines «no vean cómo se reduce el presupuesto de la institución».

Con el dinero perdido, Galmés asegura que «se podría haber ayudado a los comercios que cerraron durante la pandemia, a reducir las colas del hambre o solucionar los problemas de vivienda que sufre Mallorca». Además, ha tildado de «político y electoralista» el acuerdo ilegal adoptado en 2017 por el anterior ejecutivo de izquierdas de rescatar la concesión del túnel de Sóller.

Por otro lado, el presidente del Consell ha aseverado que «ha habido muchas mentiras por parte de los dirigentes de los partidos de izquierdas que en aquel momento rescataron la concesión» y a los que señala como principales «culpables» de que la institución tenga que afrontar una sentencia judicial en contra. Sin embargo, ha asegurado que ningún mallorquín «volverá a pagar para poder circular por el túnel de Sóller». 

Por último, el presidente insular del PP ha afirmado que el precio final que deberá pagar la institución «la dictaminará un juez», y que primero deben recibir la sentencia firme por parte del juzgado, que no admite recurso, para poder actuar antes de dos meses.