El empresario Miguel Pascual, socio del capo Cursach, se sentará en el banquillo por sobornar a policías

El caso Cursach parecía finiquitado después de la extraña exculpación de todos los acusados, incluido el capo de Mallorca Bartolomé Cursach. Sin embargo, hay causas paralelas íntimamente ligadas al caso Cursach y entre ellas las acusaciones contra el también empresario del ocio nocturno Miguel Pascual, que pronto se sentará en el banquillo acusado de formar una trama corrupta para beneficiar a los locales de su propiedad en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente en sus establecimientos de ocio nocturno. Pascual fue uno de los principales socios de Cursach.

El Arenal de Palma es la principal zona turística de la ciudad y, especialmente durante el verano, el centro neurálgico del ocio nocturno que en gran medida controlaban, y siguen controlando, Bartolomé Cursach y la familia Pascual.

Junto a Miguel Pascual irán a juicio nueve agentes de la Policía Local de Palma y un funcionario del Ayuntamiento. Esta trama de corrupción relacionada con los sobornos a agentes policiales a cambio de dádivas es similar a la del caso Cursach.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial concluyó la pasada semana la vista preliminar sin acuerdo entre las partes y, en consecuencia, se mantiene la celebración del juicio.

El fiscal Carrau pide penas que suman 50 años de cárcel

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau pide para todos ellos penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. La vista del pasado jueves pretendía explorar la posibilidad de un pacto de conformidad entre fiscal y defensas, un escenario ya totalmente descartado. El juicio se celebrará en abril, como ya estaba previsto.

Se trata de una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma que derivó en el caso Cursach. 

En la pieza que se juzgará en abril, los hechos tuvieron lugar entre 2007 y 2015. Se investiga si hubo preavisos de inspecciones a locales del Arenal del empresario Miguel Pascual, si existía orden de trato preferente en estos locales por parte del funcionario que tenía competencias en materia de licencias, y si contaban con vigilancia, por parte de algunos agentes, para que locales no tuvieran que contratar seguridad privada.

Sobornos a cambio de protección policial

El escrito de acusación recoge, entre otras cuestiones, momentos en los que el propio empresario acusado recriminaba a agentes de la Patrulla Verde que hicieran inspecciones sin avisar e incluso amonestaciones a agentes por parte de superiores por no obedecer órdenes precisas de trato de favor. Además, constan inspecciones con resultado positivo que no llegan a tramitarse o sancionarse.

Según el relato del fiscal, el empresario obsequiaba con servicios sexuales gratuitos y consumiciones a los otros acusados a cambio de que le avisaran de las inspecciones para, por otra parte, que trabajadores que no estaban en situación regular no estuvieran trabajando en esos momentos.

Carrau recoge igualmente que el empresario habría dado orden a sus subordinados para que prestaran trato de favor al funcionario acusado y que disfrutara de servicios sexuales y consumiciones gratis. Este funcionario, con competencias en urbanismo, licencias y actividades, habría intervenido en expedientes relacionados con locales del empresario encausado.

Además, algunos oficiales daban orden a agentes uniformados y motorizados en su reparto diario de funciones para que se apostaran en alguno de los locales del empresario y evitar así que tuviera que contratar seguridad privada. Esto suponía desprotección para otros locales de la competencia. En relación a este último asunto, varios agentes de la Policía Local de Palma elevaron una queja a sus superiores.

Para el empresario, el fiscal reclama cinco años de prisión por un delito de cohecho activo continuado y multa de 60.000 euros (20 meses con cuota de 100 al día). Por su parte, uno de los subinspectores y jefe de la unidad nocturna y de la Patrulla Verde se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación administrativa continuada y 4 años y 6 meses por cohecho pasivo y multa de 48.000 euros.

Esta no es la única pieza del caso Cursach pendiente de resolución. Uno de los principales damnificados por la trama corrupta orquestada por Miguel Pascual y su hijo, Onofre Pascual, fue el empresario Bruno da Silva. Este empresario presentó una querella contra Onofre Pascual y su hijo. Les denunció por delitos de extorsión y organización criminal. Posteriormente Onofre Pascual presentó  una querella contra Bruno da Silva por denuncia falsa. Esta pieza está pendiente de resolución.