Baleares llevará al Supremo el real decreto de vivienda que da dinero sólo a las autonomías que declaren zonas tensionadas
Para el Govern, "la normativa vulnera el principio de igualdad territorial y de autonomía política, además de invadir la competencia autonómica"
El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, unas semanas después de anunciar que la Abogacía lo estaba analizando. «Es profundamente discriminatorio», ha considerado.
Desde el Govern han criticado que el Consejo de Ministros aprobara este real decreto «sin tener en cuenta» las alegaciones presentadas por el Ejecutivo balear. A su entender, la normativa vulnera el principio de igualdad territorial y de autonomía política, además de invadir la competencia autonómica en materia de vivienda.
Igualmente, ha afirmado que la Abogacía de la Comunidad Autónoma analizará el decreto ley de prórroga de los alquileres convalidado por la Diputación Permanente del Congreso para estudiar si «hay algún tipo de invasión competencial» y, en ese caso, interponer un recurso. «Un decreto que fue rechazado en el pleno del Congreso, que representaba la voluntad del pueblo español en 2023, resulta que con unas mayorías diferentes se convalida», ha subrayado Costa, quien ha agregado que la valoración del Ejecutivo sobre la norma «no es muy favorable».
Con el anuncio del primer recurso y el estudio del segundo, el Govern que preside Marga Prohens centra ahora la litigiosidad con el Gobierno Central en las decisiones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras varios años centrada en los recursos contra el reparto de menas de Canarias, Ceuta y Melilla por todas las comunidades autónomas, entre ellas Baleares. Recursos contra la adjudicación de menas justificados en la sobresaturación que sufren los servicios sociales de las cuatro islas precisamente por esta misma cuestión de los menores no acompañados.
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