El PSOE anuncia la expulsión del alcalde de Aguarón tras la exclusiva de OKDIARIO sobre sus contratos

Este martes, el PSOE ha anunciado que el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, ha sido expulsado como militante del partido. Pese a ello, sigue manteniendo el cargo así como la presidencia de la comarca de Campo de Cariñena. El anuncio de su expulsión se ha producido tras la exclusiva publicada por OKDIARIO sobre los contratos adjudicados por parte del equipo de Gobierno municipal a los primos de alcalde que ascenderían a 200.000 euros en sólo un año.

En una escueta nota de prensa, la organización provincial del PSOE en Zaragoza, ha comunicado que Cucalón «fue expulsado» del partido y ha acusado al PP de «embarrar la política y utilizar los procesos judiciales con el único fin de obtener rédito electoral», tras que los populares dieran este martes una rueda de prensa haciéndose eco de las últimas informaciones sobre dichas adjudicaciones.

¿Por qué el PSOE ha acusado al Partido Popular de «embarrar la política»? Porque los socialistas en esta nota de prensa han dado a entender que Cucalón ya no formaba parte del partido desde hacía meses. Sin embargo, en ningún momento, desde el PSOE se ha expresado pública ni oficialmente que el alcalde de Cucalón había sido expulsado.

El PP ha manifestado su sorpresa y preocupación por el tiempo en que esta noticia se ha mantenido oculta y que «en la práctica no haya tenido ninguna consecuencia puesto que sigue siendo alcalde y presidente de la comarca con el apoyo del PSOE», ha denunciado la portavoz del grupo Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza.

Tal y como han adelantado, el PP presentará una moción tanto en el Ayuntamiento de Aguarón como en la Comarca de Campo de Cariñena, para exigir la dimisión inmediata de Cucalón, al tiempo que van a exigir «responsabilidades a Pilar Alegría y al resto de cargos públicos en el PSOE comarcal, para que retiren su apoyo».

El PSOE y el alcalde de Aguarón

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el PSOE de Aragón para saber la fecha exacta en la que fue expulsado del PSOE, pero los socialistas han declinado dar más detalles sobre cuándo se produjo la expulsión. Desde el partido se limitan a decir que se tramitó el expediente de oficio en junio de 2024, «cuando aparece la sentencia sobre las acusaciones que pesaban sobre él».

Sin embargo, tanto oscurantísimo levanta sospechan entre las filas populares. Este pasado mes de abril, el PP registró una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza, para reprobar al alcalde de Aguarón y exigir su dimisión –tras conocerse sus desorbitados gastos en dietas, como una comida de lujo por 400 euros en Navidades–, pero el PSOE votó en contra, y no sólo eso, sino que defendió su presunción de inocencia.

Hubiera sido un buen momento para explicar que Cucalón había sido expulsado o que al menos se habían iniciado los trámites oficiales para ello, sin embargo, los socialistas no dijeron nada. ¿Por qué?, cabe preguntarse.

En esta tesitura, las declaraciones este martes de los socialistas arremetiendo contra el PP «y sus medios afines» no resultarían creíbles, al tratar dar a entender que el alcalde había dejado de ser militante desde hacía tiempo y que los populares sólo estaban tratando de «generar un debate torticero».

Sea como sea, algo está claro. Lucio Cucalón sigue siendo alcalde y presidente de la comarca de Campo de Cariñena. Este lunes, en el pleno del municipio, OKDIARIO fue testigo de cómo Cucalón defendía las posturas del PSOE y votaba junto al resto de los concejales socialistas. Es decir, no ha dejado su escaño ni ha dejado que corra lista, sin que el PSOE lo haya condenado.

Los escándalos de Cucalón

Este martes, OKDIARIO publicaba los contratos que había adjudicado Lucio Cucalón a favor de la empresa de sus primos Electra Aguarón. Según ha demostrado el secretario interventor del Ayuntamiento en varios informes –a los que OKDIARIO ha tenido acceso– se ha producido al menos 14 adjudicaciones sin estar convenientemente justificadas por parte del equipo de Gobierno a favor de dicha empresa que pertenecería a sus primos, y que tiene la misma razón social que la empresa Aguarón Energía y Desarrollo S. L., de la que es administrador el alcalde, según detalla el secretario.

Tal y como alerta el secretario en sus informes, «la mayoría de las facturas superan los 5.000 euros (IVA excluido)», y, por tanto, no se consideran gastos menores. Además, «no existe ni providencia de Alcaldía ni informe del técnico u operario, ni a su vez el órgano de contratación, es decir, la alcaldía, ha emitido un informe justificando la necesidad del contrato», pese a ser un requisito previo para que el mismo pueda ser adjudicado. En total, las facturas ascienden a 217.997 euros con IVA.

Los escándalos de Lucio Cucalón son públicos y notorios desde 2022. Cuando el por aquel entonces alcalde de Agualón, el popular Juan Carlos Bernal denunció que siendo presidente de comarca de Campo Cariñena, Cucalón había gastado en dietas más de 200.000 euros durante el periodo 2007-2015.

Sin embargo, el PSOE provincial de Zaragoza lo protegió, y lo incluyó en las listas a las elecciones de 2023, pese a enfrentarse a una petición de 3 años de cárcel por parte de la Fiscalía, por un presunto delito de falsedad documental relacionado con su gestión al frente de la sociedad urbanística municipal, y otros ocho años y medio solicitados por la acusación particular, que les atribuye además un delito continuado de administración desleal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca ya ha comunicado a las partes la apertura del juicio oral, aunque la fecha de la vista aún no se ha fijado. El juez Miguel Alonso de Linaje requirió a los acusados el depósito en tan sólo 24 horas de una fianza de 120.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles.

Paralelamente, la Audiencia Provincial de Zaragoza ratificó la condena a ocho meses de cárcel para Cucalón por acoso laboral a dos trabajadores de la comarca de Cariñena en 2020, cuando era vicepresidente de la institución. La sentencia también le inhabilita para el desempeño de cargos públicos mientras dure la pena, aunque cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.