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Aragón regulará las renovables con un Plan Energético, una batería de medidas urgentes y una ley

El Ejecutivo de Azcón se ha comprometido a hacer público el Plan Energético antes de finales de este año

Este jueves, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido el papel del actual Ejecutivo ante el desafío de armonizar el despliegue de las energías renovables en la comunidad, comprometiéndose a presentar el esperado Plan Energético de Aragón antes de que finalice este 2024, en la apuesta por la «descarbonización preceptiva de la UE». Además Vaquero ha anunciado que están preparando un decreto ley de medidas urgentes, donde puedan incorporarse las conclusiones de la Comisión de Investigación de las renovables. Y como complemento, la consejera ha anunciado el impulso a una nueva ley.

La nueva ley servirá para refundir y actualizar la normativa, regular las comunidades energéticas, abordar cuestiones competenciales, regular las declaraciones de utilidad pública y apoyar los proyectos estratégicos.

«La energía va a ser un modelo de transformación económica y social en Aragón», ha señalado, como palanca para lograr la «cohesión social». Vaquero ha sustituido al presidente Jorge Azcón, a quien le habían solicitado su comparecencia el PSOE, para informar sobre la política energética de su Ejecutivo autonómico y el aprovechamiento de las energías renovables.

Una estrategia que ha encendido a toda la oposición, pero que responde a un procedimiento más frecuente de lo imaginable, puesto que tanto Javier Lambán, como Luisa Fernanda Rudi, como Marcelino Iglesias, se han servido de él, hay argumentado desde el actual Ejecutivo.

La comisión de investigación

Desde el comienzo del despliegue de las energías renovables en 2017, no ha habido consenso en Aragón sobre la forma de llevarlo a cabo, ante la sospecha de irregularidades sobre cómo se había producido el asentamiento de este tipo de políticas y sus proyectos en Aragón. Fruto de esta inquietud, la legislatura comenzó con una Comisión de investigación sobre las energías renovables en Aragón, impulsada por el recién constituido bipartido de PP y Vox (hoy roto), con el apoyo de Teruel Existe, Cha, PAR, IU, Podemos y la abstención del PSOE.

Sin embargo, el dictamen no detectó ninguna irregularidad, pese a que las amenazas en campaña electoral de PP y Vox por llevar a la Fiscalía cualquier actuación que consideraran ilícita del Gobierno de izquierdas cuatripartito, liderado por Javier Lambán. Eso sí, dicho dictamen urgió a regular el sector a fin de conocer «la idoneidad de la implantación de proyectos de renovables en determinas zonas de Aragón, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales», es decir, la planificación, haciendo especial hincapié en la necesidad de incluir una «zonificación ambiental».

A este respecto, la vicepresidenta ha recordado que el anterior Gobierno de izquierdas apostó por «un modelo sin ningún tipo de planificación, ni ordenación ni transparencia». El PP ha reiterado que tiende las manos a todos los grupos para lograr materializar los puntos de unión consensuados en dicho informe de la Comisión. De modo que se logre, por un lado, «proteger unas zonas» y, por otro, identificar los lugares más idóneos para desarrollar proyectos energéticos.

Clúster de Maestrazgo

Un ejemplo de ello es el Clúster del Maestrazgo, que mantiene dividido la comunidad entre sus defensores y detractores, y cuyo proyecto está judicializado, y que se discutió en el anterior pleno, con las proposiciones no de ley presentadas por CHA, Teruel Exite y Vox.

Este martes conocíamos que el hotel rural Mas de Cebrián, ubicado en el término municipal de Puertomilgalvo (Teruel), había solicitado medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para paralizar el Clúster que prevé la instalación de 25 parques eólicos y dos fotovoltaicos en las inmediaciones y que dispone de autorización administrativa para su construcción que llevarían a cabo Forestalia y Copenhaguen Infrastructure Parners CIP, y que incluye 125 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, y 174.000 placas solares.

De hecho, el propio consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha manifestado en alguna ocasión su desacuerdo con éste. Si bien, la vicepresidenta ha recordado que las competencias sobre el Clúster de Maestrazgo es del Ministerio de de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). Además ha insistido que hay un factor a tener en cuenta respecto a éste Clúster: «La autonomía municipalista», en este sentido, ha defendido en que «todos los ayuntamientos» que conforman el Clúster han apostado por ello como «una forma de riqueza».

Pese a ello, es evidente que la sociedad está escindida a la luz de los movimientos ciudadanos más allá de las fronteras aragonesas, que han surgido en defensa del patrimonio medioambiental que estaría en riesgo, y que también han recurrido ante el TSJM, como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Plataforma No a la MAT del Norte de Castelló, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe y la Plataforma a favor de los Paisajes y el Ayuntamiento de Morella.

Las energías renovables en Aragón

Además del Plan Energético de Aragón ha protagonizado el debate la reciente anulación del Tribunal Constitucional del Decreto Ley de Lambán para abaratar el precio de la energía renovable. «A todas luces invadía competencias estatales», ha sostenido Vaquero. «Generó unas expectativas irreales a las empresas y crearon una situación de inseguridad jurídica», ha añadido.

Por su parte, el PSOE ha defendido que este Decreto Ley anulado era «valiente, audaz que trataba de tomar las riendas de nuestro destino en un modelo propio», que daba «seguridad jurídica».