Vox acusa al TC de querer «borrar el historial delictivo» del PSOE: «Es una traición a los andaluces»

Vox Andalucía ha reaccionado este martes con dureza a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de perdonar al ex presidente socialista andaluz Manuel Chaves parte de la prevaricación del caso ERE. El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, Manuel Gavira, ha acusado al TC de perpetrar una «traición a todos los andaluces» e intentar borrar el «historial delictivo del PSOE».

«El socialista Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación. El socialista Griñán fue condenado a seis años de cárcel. Hoy, el TC ha completado la traición a todos los andaluces humildes y honrados que vieron cómo el PSOE se llevó un botín de 680 millones de euros que estaban destinados a ayudar a los parados. Por más que traten de borrar su historial delictivo, no nos cansaremos de decirlo: los ERE es y será el mayor caso de corrupción y estuvo protagonizado por el PSOE», ha manifestado Gavira en sus redes sociales.

El socialista Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación.

El socialista Griñán fue condenado a seis años de cárcel.

Hoy, el TC ha completado la traición a todos los andaluces humildes y honrados que vieron cómo el PSOE se llevó un botín de 680 millones de euros que… https://t.co/qItmY0FWuX

— Manuel Gavira 🇪🇸 (@GaviraVox) July 16, 2024

Vox Andalucía también se ha pronunciado al respecto: «El TC controlado por el PSOE libra de sus penas a dos socialistas que fueron condenados por corrupción por los ERE. ¿Dónde están los 680 millones de euros robados a los parados? ¡Un insulto para los andaluces honrados!».

El TC perdona la prevariación a Chaves

El Tribunal Constitucional ha exonerado al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el caso ERE. La mayoría del Pleno ha avalado el borrador de la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que se limite a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001. El tribunal ha informado que sus magistrados han declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal, y por ello ordena retrotraer las actuaciones para que se «dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos».

Como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados del ala conservadora: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

En las últimas semanas, el TC ha indicado en sus resoluciones relativas a los ERE las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002-2009. Las últimas, a diferencia de las del primer tramo, contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.

Esta interpretación se traduce en una eventual rebaja de las penas, que tendrán que ser acordadas por la Audiencia de Sevilla. El tribunal ya dijo en la sentencia relativa a la ex consejera de Economía y ex ministra Magdalena Álvarez que el proyecto de ley, mientras es proyecto, no puede someterse a un juicio de legalidad, y una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.

Así las cosas, y dado que el Constitucional no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma puesto que no se recurrió ante el tribunal de garantías, se presume su legalidad y ampara las actuaciones de quienes actuaron bajo su paraguas. En este sentido, el tribunal reitera que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La corte de garantías ha abordado el recurso de Chaves después de haberse pronunciado sobre otros siete. De momento, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -que ya gozaba del tercer grado penitenciario-, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex director del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, el ex consejero de Empleo Antonio Rodríguez y el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.