Procesados un alto cargo de la Junta socialista y CCOO por una nueva ayuda irregular de 21 millones

La corrupción socialista suma y sigue en Andalucía. José Ignacio Vilaplana, el juez que instruye el caso ERE, ha procesado, en una pieza separada en la que se investigan las ayudas por valor de más de 21 millones de euros a la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa), al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, a un representante de CCOO, y a otras siete personas más por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Además, el instructor también ha acordado continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Egmasa, Vitalia, Comisiones Obreras de Industria (CCOO.Industria), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO), y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) de Andalucía.

El objeto de estas actuaciones lo constituye, según las diligencias, a las que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, es investigar la presunta ilicitud de las ayudas excepcionales concedidas a la entidad EGMASA por parte de la Dirección de General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta Andalucía en su etapa socialista.

En concreto, según se desprende de lo actuado, habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria ayudas por importe aproximado de 21,6 millones de euros, de los cuales, consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 16 millones de euros, conforme al desglose que se recoge en el Informe Pericial de la IGAE, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados “pagos cruzados» (cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director General a la compañía aseguradora, ésta aplicaba a otras pólizas o compromisos) ordenados por el titular de la DGTSS, Francisco Javier Guerrero Benítez.

EGMASA, empresa pública dependiente de la consejería de Medio Ambiente de la Junta socialista de Andalucía, presentó en fecha 30 de junio de 2003 una solicitud de Expediente Regulador de Empleo (ERE) para la extinción de 373 contratos de trabajadores por causas productivas y organizativas, vinculadas con la necesidad de renovar la plantilla de personas de mayor edad dada su incapacidad física para el desempeño de su trabajo dentro del plan INFOCA.

Según el juez, «para la materialización de tales ayudas, al margen de la disciplina administrativa y financiera aplicable, se suscribieron y elaboraron distintos instrumentos con los que se pretendía ofrecer una apariencia -en puridad inexistente- de legalidad al procedimiento de concesión y pago de las referidas subvenciones» del ERE.

«Para financiar las pólizas y ayudas antes referidas, consta la emisión de las correspondientes órdenes con los consiguientes pagos realizados y contabilizados que suman un total aproximado de 21.673.680,62 euros hasta el año 2010 (en lugar de 11.184.252 euros comprometidos por el titular de la DGTSS en el Protocolo de 23 de octubre de 2003 o de los 14.734.681,12 euros comprometidos en el Convenio de colaboración de 4 de febrero de 2004); pagos que se llevaron a cabo a sabiendas de la ilicitud de las ayudas», continúa el juez, que recuerda que «las correspondientes ordenes de pago a IFA/IDEA habrían sido emitidas, tanto por Francisco Javier Guerrero Benítez, como por sus dos sucesores, con el conocimiento y consentimiento de los entonces Consejero y Viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía».

“Estas subvenciones y ayudas constituyen una verdadera subvención a empresa en cuanto que el destino de las subvenciones aprobado era financiar el coste de la extinción de las relaciones laborales -prejubilaciones- acordadas entre empresa y trabajadores en la tramitación de los mismos -algunos no vinculados a un expediente de regulación de empleo-, siendo la forma de pago -obligación de la empresa- la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores”, continúa el magistrado.

Vilaplana, además, asegura que estas ayudas fueron concedidas “sin análisis económico alguno realizado por la Junta que pusiera de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario (especialmente en lo que se refiere a que Egmasa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta)”. Además, “tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”.