La Justicia da más aire a los ERE: el juicio por las subvenciones a Calderinox, suspendido hasta 2026

La Audiencia de Sevilla ha suspendido hasta septiembre de 2026 el juicio por las subvenciones que la Junta socialista de Andalucía concedió a Calderinox, empresa sevillana ahora extinta. Estaba previsto que diera comienzo este mismo lunes, pero algunas de las partes han solicitado su aplazamiento por no poder asistir a las fechas inicialmente fijadas. La Sección Primera ha pospuesto el juicio 23 meses, por lo que los acusados, tres ex altos cargos de la Junta y dos sindicalistas de CCOO, se sentarán en el banquillo 18 años después del presunto fraude.

Pese a que el Tribunal Constitucional dictase en julio el borrado del caso ERE, hay más de un centenar de piezas separadas todavía pendientes (una por cada ERE ilegal) que mantienen vivo este mastodonte procesal en los tribunales andaluces, lo que está dando lugar a una retahíla de causas prescritas.

De acuerdo al último balance facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, existen un total de 73 procedimientos -piezas separadas- en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. De ellos, 41 están en fase de instrucción de diligencias previas y 32 en fase intermedia. Hay también 61 procedimientos terminados por elevación a la Audiencia de Sevilla para enjuiciamiento, de los que sólo 17 ya han sidos juzgados y sentenciados.

ERE de Calderinox

El actual procedimiento se dirige contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, el que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, dos sindicalistas de CCOO, el agente de seguros J. G. M. y el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés -que también fue el ex director del Consorcio de la Escuela de Artesanos de Gelves (Sevilla)-, este último como «intruso» en las prejubilaciones de dicha empresa, ya que disfrutó de las mismas sin haber formado parte de la plantilla de Calderinox.

En 2008, según el escrito de acusación de la Fiscalía recogido por Europa Press, pesaba sobre la plantilla de Calderinox un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) dada la situación de concurso de acreedores de la empresa, una suspensión colectiva de empleo autorizada por Antonio Rivas.

En ese marco, según el Ministerio Público, Rivas «asumió fuera de la legalidad el compromiso de pago de ayudas con fondos públicos de la Junta» fruto de «negociaciones» con J. A. C. C., entonces secretario de Industria de CCOO-Sevilla, y E. M. J. G., entonces responsable de Acción Sindical de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Andalucía, quienes «eran conocedores de la ilicitud del proceder».

Más de 1,5 millones en ayudas

Tales «compromisos» acordados con los sindicalistas se tradujeron en ayudas para paliar los atrasos e impagos de nóminas de la plantilla y ayudas sociolaborales para una póliza colectiva de rentas para la prejubilación, todo ello «al margen del procedimiento debido tanto para las ayudas a empresas como a subvenciones sociolaborales para ex trabajadores de empresas en situación de crisis».

Estos compromisos supusieron la concesión de 612.890 euros para tales fines, pero «sin que se llegara a acreditar el fin público de su aplicación, al margen de los mecanismos legales y con el más absoluto desprecio a otros colectivos de trabajadores» en la misma situación. Concretamente, 432.728,7 euros se otorgaron para pagos de salariados adeudados por Calderinox a 120 de sus empleados (a razón de 3.600 euros por persona) y 168.000 euros para «paliar el impago de nóminas» de otros 84 trabajadores.

Además, ambas partes pactaron la concesión de 898.571 euros de los fondos autonómicos para la financiación de un plan de prejubilación mediante una póliza colectiva de rentas para la plantilla, «contraviniendo» de lleno las leyes de Hacienda Pública de Andalucía y General de Subvenciones, «sin bases para su otorgamiento ni criterios de publicidad, concurrencia ni objetividad y sin acreditar su carácter excepcional ni resolución motivada de concesión», recalca la Fiscalía. En total, 1.511.461 euros en ayudas irregulares.

Ya condenados

Las resoluciones de concesión de todos estos fondos fue firmada por los que fueran directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos ya condenados a cárcel por malversación (Guerrero falleció en octubre de 2020 víctima de una neumonía).

La citada póliza colectiva de rentas, según la Fiscalía, fue contratada con la aseguradora La Estrella, entonces con el acusado J. G. M. como administrador único. En este contexto, Antonio Rivas instó presuntamente a este último a «introducir como beneficiario y perceptor de rentas» a alguien que nunca había trabajado en Calderinox.

Se trata de Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla que por aquel entonces había sido cesado como director del Consorcio de la Escuela de Artesanos de Gelves. La Fiscalía señala que J. G. M. era conocedor tanto de esta ilicitud como de la ausencia de «procedimiento» administrativo para la concesión de los fondos, y Rodríguez Cordobés también sabía que no tenía derecho a esas rentas.

De su lado, los dos sindicalistas acusados habrían promovido, con el concurso de Antonio Rivas y J. G. M., la introducción de otro «intruso» ajeno a la empresa, ya fallecido.

El escrito de acusación atribuye a Daniel Alberto Rivera, que en abril de 2010 sucedió a Juan Márquez en la Dirección General de Trabajo, diferentes resoluciones para el pago de los fondos aludidos, «a sabiendas de que no se había tramitado expediente alguno». La Junta asumió un coste de 1,34 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y abonó 444.980 euros a la aseguradora La Estrella. El resto quedó «pendiente de realizar».

Peticiones de condena

Así las cosas, la Fiscalía achaca a Antonio Rivas un presunto delito continuado de prevaricación y otro delito de falsedad en documento oficial, en concurso con un supuesto delito de malversación, por lo que reclama para él siete años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta.

Daniel Alberto Rivera, acusado de los mismos delitos, se enfrenta a cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta.

Para E. M. J. G. la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación, para J. A. C. C. la misma pena, para Rodríguez Cordobés un año y cuatro meses de prisión y ocho años de inhabilitación por malversación, y para J. G. M. seis años de prisión y ocho de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación.