Bruselas no cede tras las explicaciones de la Junta de Andalucía y mantiene su «preocupación» por Doñana

La Comisión Europea no ha dado su brazo a torcer luego de su reunión de este lunes con la Junta de Andalucía e insiste en mostrar su «preocupación» por Doñana tras la proposición de ley que PP-A y Vox tramitan en el Parlamento autonómico para regularizar regadíos en el entorno natural.

Bruselas advierte de que la norma podría «deteriorar» el humedal y va en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) de 2021 que pedía proteger mejor Doñana, aunque recalca que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España para garantizar su cumplimiento «no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta».

El consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha viajado este lunes a la capital comunitaria para reunirse con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y explicar la «verdad» sobre la proposición de ley para regular regadíos en el entorno de Doñana.

El encuentro, convocado a petición de la Junta e inicialmente previsto para el 3 de mayo, se ha celebrado después de que el propio comisario advirtiera la semana pasada, en una respuesta parlamentaria a eurodiputados socialistas, de que utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del TJUE.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Fernández-Pacheco ha defendido que se trata de una ley que «en absoluto perjudica al acuífero de Doñana» porque habla de aguas que «vendrían siempre en superficie a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018, y cuya infraestructura ni siquiera ha comenzado»,  por lo que «el agua de Doñana es para el Parque Natural». Recalca además que en «el apenas 10%» que le corresponde a la Junta en el cumplimiento de la sentencia del TJUE se está siendo «extremadamente diligente para compartirlo y notificarlo puntualmente» tanto al Gobierno central como a la Comisión.

«Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», ha aseverado el consejero andaluz, al tiempo que ha afeado al Ejecutivo de Sánchez que no les haya recibido en los mismos términos. «La misma reunión venimos solicitando desde el mes de noviembre al secretario de Estado de Medio Ambiente y a la vicepresidenta Teresa Ribera, y hasta ahora jamás han querido sentarse con nosotros», ha lamentado.

Sobre la posibilidad de introducir cambios en el texto, el también portavoz de la Junta ha reconocido que si no estuvieran dispuestos a hacerlo estas reuniones «no tendrían ningún sentido», y ha destacado que el diálogo es «enriquecedor» a fin de «presentar el mejor texto» y resolver un problema «heredado de la Administración socialista».

Por su parte, el comisario europeo ha insistido en que el Ejecutivo comunitario está «profundamente preocupado» por el hecho de que la legislación andaluza, si se adopta tal como se ha propuesto, podría «deteriorar» el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000, al tiempo que la aplicación «plena y oportuna» de las sentencias del TJUE se mantiene como una «prioridad».

El comisario, consciente de la importancia del regadío para la economía local, ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España. Asimismo, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los «puntos calientes» de biodiversidad de la UE.

Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son «insostenibles» y requieren medidas «urgentes» para controlar las extracciones.

En este sentido, fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico «favorable» para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la «presión excesiva» sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.

Por último, Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará «detenidamente» las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno de Sánchez y de la Junta de Andalucía el pasado viernes.