La Audiencia Nacional rechaza extraditar a un marroquí que lideraba una red de inmigración ilegal
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La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado extraditar a su país al marroquí Yassin S. pese a ser el presunto dirigente de una organización criminal que, según la Fiscalía, se dedicaba a la inmigración clandestina de subsaharianos desde Nador (Marruecos) a Europa. El motivo del rechazo pasa porque en su expediente no está incluida la «valoración, judicialmente homologada en el país solicitante, de la necesidad de la extradición y de la privación de libertad» del acusado.
En un auto de este miércoles, la Sala de lo Penal explica que la solicitud marroquí no acompañaba, como establece el Tribunal Constitucional, «la valoración de una autoridad judicial del país requirente de la necesidad y proporcionalidad de la privación de libertad» de Yassin S, detenido el pasado mes de agosto en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
«Con tal carencia, la concesión de la extradición vulneraría los derechos fundamentales del reclamado a la tutela judicial, a un proceso con todas las garantías, a la libertad personal y a las libertades de residencia y circulación por lo que la extradición debe ser denegada», explica el auto.
El mismo, citando doctrina de la corte de garantías, explica que para conceder una extradición se requiere del control judicial en origen para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado. El TC consideró en dos casos concretos que los escritos de las Fiscalías de Colombia y de Angola en los que se basaba la petición de extradición carecían del correspondiente refrendo judicial.
Magistrado
Esta decisión de la Sala, sin embargo, cuenta con el voto discrepante del presidente de la sección, el magistrado Alfonso Guevara, que se muestra partidario de la entrega del acusado para ser juzgado por delitos de organización, asociación y grupo delictivo, así como por la organización de operaciones de inmigración clandestina.
Según el juez Guevara, debe seguirse el criterio marcado por el Pleno de la Sala de lo Penal expresado en un auto de mayo del pasado año. El mismo indicaba que, sin perjuicio de contradecir «la doctrina emanada por el TC para los casos indicados que no mantienen identidad suficiente para ser trasladados automáticamente al supuesto de Marruecos», la Orden de Detención Internacional dictada por el país africano «cumple con la doctrina emanada de la jurisprudencia europea».
Y es que, a juicio de Guevara, el fiscal marroquí se encuentra integrado en el poder judicial del Reino de Marruecos y, por tanto, «con las mismas garantías de independencia respecto de otros poderes del Estado, singularmente el Ejecutivo».
Reclamado
El rechazo de la Sala llega después de que la Audiencia Nacional celebrase este mismo martes la vista de extradición. La Fiscalía solicitó que se procediese a la entrega solicitada por las autoridades de Marruecos al concurrir los requisitos y las formalidades legales previstas en el convenio suscrito entre ambos países.
El Ministerio Fiscal sostenía que el reclamado se dedicaba a la inmigración clandestina de subsaharianos, a los que, a cambio de un precio que oscilaba entre los 15 000 y los 20 000 dirhams por persona, sacaba desde Nador (Marruecos) con dirección a Europa, sirviéndose de embarcaciones neumáticas con motor.
Así, y «junto a otros sujetos que acompañaban a los inmigrantes en las lanchas o que efectuaban labores de vigilancia o de suministro de embarcaciones y de motores, vendría dedicándose a esta actividad desde al menos el año 2009».
Según la Fiscalía, «a partir del año 2019 y debido a que pudo abastecerse de un mayor número de embarcaciones neumáticas, la organización criminal que dirigía aumentó su actividad ilícita y llegó a organizar tres operaciones de inmigración clandestina por semana».
«Los hechos descritos constituyen un delito de pertenencia a organización criminal, en grado de dirigente, especializada en la organización y facilitación de salida de personas extranjeras del territorio nacional de una manera clandestina», apuntaba el fiscal en su escrito.
Yassin S. fue detenido el pasado 17 de agosto de 2022 en la localidad de Roquetas de Mar, en Almería, y se encuentra en situación de prisión provisional desde ese mismo día. Fue un mes después, el 20 de septiembre, cuando Marruecos reclamó su extradición por los hechos relatados.
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