Venturas y desventuras de la sentencia que dinamitó a la oposición venezolana

El 15 de agosto del 2018, Nicolás Maduro fue condenado a 18 años de prisión por un grupo de magistrados venezolanos que se constituyeron como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tras verse obligados al exilio por la persecución del régimen.

Los 18 años de prisión de Maduro debería pasarlos en la cárcel de Ramo Verde, una irregularidad ya que ese sitio es exclusivamente para militares. De hecho, la oposición ha denunciado en varias oportunidades el hecho de que sus dirigentes sean recluidos en ese lugar, entre ellos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

El TSJ Legítimo condenó a Maduro por corrupción en torno a la empresa brasileña Odebrecht tras juicio en el cual fue acusado por Luisa Ortega Díaz, la legítima Fiscal General de Venezuela, que también se encuentra exiliada en Bogotá tras persecución de la dictadura. Según los pasos legales, y hay que insistir en los pasos legales porque la lucha de la oposición democrática venezolana es por restituir el orden constitucional quebrantado por la dictadura de Maduro, el TSJ debe enviar a la Asamblea Nacional un oficio para que apruebe la condena a quien ocupaba el cargo de presidente de la República.

Legalmente, sin ese oficio, la Asamblea Nacional no podía votar. ¿Cómo iba a hacerlo sin saber exactamente el contenido de la sentencia? Sin embargo, se desató una brutal campaña desde altos niveles internacionales contra el Parlamento venezolano, públicamente instigada por Soy Venezuela, la coalición liderada por María Corina Machado. Primero, se les acusó a los diputados de haberse ido de vacaciones en plena crisis, cuando la Constitución obliga al receso parlamentario para que rija durante ese período especial la Comisión Delegada. Luego, hasta voceros como Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, presionaron públicamente para que la Asamblea aprobara la condena a Maduro… pero el oficio seguía sin llegar.

Contra la pared, la Asamblea Nacional terminó cediendo a la presión internacional. La Directiva convocó Sesión Extraordinaria para el martes 21 de agosto y votó a favor de condenar a Maduro por hechos de corrupción. Sin embargo, el oficio seguía sin llegar. Es decir, votaron sin saber qué contenía la sentencia.

Aprobada el martes la condena a Maduro, Miguel Ángel Martín Tortabu, el presidente del TSJ Legítimo, concede en Bogotá una entrevista a NTN 24. En el minuto 17 del programa, la periodista venezolana Idania Chirinos le pregunta si ya habían enviado el oficio a la Asamblea Nacional, casi dándolo por hecho. El magistrado, tartamudeando, acepta que todavía no lo han enviado porque tienen diez días para hacerlo. Entonces, ¿por qué la arremetida contra el parlamento por parte de voceros tan calificados como Almagro?

Ese mismo martes, en la noche, Wilmer Flores, diputado de Voluntad Popular, pregunta en Twitter a sus pares Dignora Hernández y Omar González si votaron la resolución para aprobar el juicio a Maduro. Hernández y González son militantes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

El miércoles, en la mañana, ‘El Nuevo País’ publica que, en efecto, esos dos diputados se retiraron de la sesión parlamentaria antes de la votación. Ante eso, Vente Venezuela saca un comunicado explicando que no votaron porque la resolución no incluía la designación por parte de la Asamblea Nacional de un nuevo presidente. En ningún lugar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece como atribuciones de la Asamblea Nacional el nombramiento de un nuevo Presidente.

Por cierto, seguía sin llegar el oficio.

Fue casi entre gallos y medianoche, a las 22.24, que el TSJ Legítimo publicó vía Twitter el oficio. Pero la sentencia contra Nicolás Maduro venía con un caramelo envenenado. Los magistrados instaron a la Fiscal General a que investigara a una serie de nombres, la mayoría de ellos personajes ligados al régimen… pero también a Henrique Capriles Radonski, dos veces ex candidato presidencial de la oposición venezolana.

Las alarmas saltaron en la oposición venezolana. Si bien Capriles ha sido ligado a Odebrecht desde hace tiempo, el también ex gobernador de Miranda se ha defendido siempre. Si debe ser investigado, debe ser investigado. Si las alarmas saltan es por el claro sesgo político de la sentencia. Es incluido Capriles por el testimonio de Euzenando Azevedo, ex representante de Odebrecht en Venezuela. Sin embargo, en ese mismo testimonio fueron mencionados otros personajes que no fueron incluidos en la sentencia, como Manuel Rosales y Carlos Ocariz, pero también Antonio Ledezma, uno de los principales dirigentes de Soy Venezuela.

De hecho, según investigación del portal de noticias ‘Armando.info’, Ledezma habría sido contactado por Odebrecht para financiarlo a cambio de que expresara ante el parlamento brasileño su apoyo a la inclusión de Venezuela en el Mercosur, una vieja aspiración de Hugo Chávez. Ledezma niega haber recibido fondos de la constructora.

¿Qué viene ahora? El conflicto será por el nombramiento del nuevo presidente. Aquí puede venir el quiebre definitivo entre la Asamblea Nacional y el TSJ Legítimo. El parlamento venezolano, amparado en la Constitución, dice que eso no les toca a ellos, pero juristas cercanos a Soy Venezuela insisten en que se debe reinterpretar la Carta Magna ante la situación sui generis de una dictadura.

Si la Asamblea Nacional no nombra a un presidente, Soy Venezuela presiona para que el TSJ Legítimo declare en desacato al Parlamento y proceda con ese nombramiento para el cual barajan los nombres de Antonio Ledezma, Blanca Rosa Mármol y Diego Arria.

Sería una situación sin precedentes, no por el nombramiento del nuevo presidente sino porque la Asamblea Nacional estaría en desacato según el Supremo que sigue leal al régimen de Maduro y según el TSJ que responde al ala más extremista de la oposición. Un parlamento acorralado.

De cuáles polvos vienen estos lodos

Esta asociación simbólica autodenominada TSJ Legítimo fue creada a raíz de que la opositora Asamblea Nacional de Venezuela juramentara en el 2017 a nuevos magistrados del Supremo, en vista de que el anterior Parlamento, de mayoría oficialista, juramentó a otros miembros del Poder Judicial de manera extemporánea y, por lo tanto, ilegal. La dictadura no toleró esto y ordenó prisión para los nuevos juristas del máximo tribunal del país, obligándolos al exilio.

El exilio de los magistrados los llevó a Florida, Colombia, Chile, entre otros lugares. Una vez allí, algunos de esos magistrados exiliados constituyeron una ONG para coordinar sus actividades en el exterior, con mando compartido entre Miami y Bogotá. Esa ONG se convirtió en el denominado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, agrupación en la cual ni siquiera participan todos los magistrados exiliados. De hecho, alguno de los magistrados principales son originalmente terceros suplentes, ya que no todos los magistrados que están en la sede regular del TSJ en Caracas son ilegítimos, sólo el grupo nombrado por Diosdado Cabello a finales de diciembre del 2015, una semana antes de que la oposición se juramentara como mayoría absoluta parlamentaria.

En la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo se designó a Miguel Ángel Martín Tortabu, uno de los principales juristas nombrados por la AN pero con sombras sobre su legitimidad al haber sido español durante su nombramiento, hecho desvelado por la Revista Zeta. Martín asegura que renunció a la ciudadanía española. Según la Constitución de Venezuela, la cabeza de un Poder del Estado sólo puede ser venezolano. Es la misma razón por la cual se ha investigado la presunta doble nacionalidad de Maduro, quien también sería colombiano por vía de su madre.

El TSJ Legítimo ganó aceptación pública al ser respaldados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Los magistrados se constituyeron en la sede del organismo regional, en Washington DC, gracias a las gestiones del Grupo IDEA, organización de ex presidentes creada y financiada por el banquero venezolano Nelson Mezerhane.

Pastrana, uno de los miembros más prominentes de este club de ex mandatarios, es uno de los que más duramente atacó a la Asamblea Nacional antes de que aprobaran el juicio a Maduro.

Siendo las acusaciones contra Ledezma, cuando menos, tan sustentadas como las de Capriles, ¿por qué los magistrados exiliados no piden que también se investigue al ex alcalde Metropolitano de Caracas y al resto de los acusados? El sesgo político de la sentencia derrumbó la imagen del TSJ Legítimo. El velo de legitimidad del grupo de juristas, sostenido con pinzas ante lo sui generis de su composición, se vino abajo ante su evidente parcialización hacia uno de los bandos.

Lo curioso es que varios de los magistrados, entre ellos Martín Tortabu, fueron propuestos al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, el partido de Capriles.

Son los hechos.

Francisco Poleo es vicepresidente de la Revista ‘Zeta’