España: control de daños

El deseado final de la larga noche del sanchismo obligará a una profunda revisión de los cimientos de la España constitucional para comprobar los desperfectos que hayan podido provocar en ellos los golpes asestados por Pedro Sánchez. Este necesario control de daños será condición imprescindible para garantizar la estabilidad del proyecto de convivencia en libertad que la inmensa mayoría de los españoles quiere seguir compartiendo.

Los mensajes de Alberto Núñez Feijóo proyectan en este sentido la necesaria certeza de que las voladuras programadas por Pedro Sánchez han supuesto un grave daño en la arquitectura institucional, pero no han llegado a la declaración de ruina. De momento. 

La desactivación del Parlamento, el ataque permanente a la división de poderes y el achatarramiento del Estado como mero aparato de «agit-prop» partidista hacen temer que una nueva legislatura de Sánchez suponga la definitiva demolición de las bases de nuestra democracia.

El trueque mafioso de la amnistía, con unos políticos que intercambian entre ellos poder por impunidad, unos después de no haber ganado las elecciones y otros después de haber sido condenados por delinquir, ha sido el epicentro sísmico del sanchismo. Sus continuas réplicas, entre la corrupción, la arbitrariedad y la incompetencia, han terminado por convertir la confianza en Sánchez en una cuestión de vida o muerte desgraciadamente.

Feijóo propone una alternativa auténticamente democrática, conciliadora y constructiva a este sincopado proceso constituyente con el que Sánchez trata de invocar todos los fantasmas de la España enfrentada consigo misma.

La pulsión de Sánchez por cavar trincheras en todas las instituciones del Estado para convertirlas en posiciones fortificadas contra el adversario político y contra el principio de alternancia democrática ha dejado en muchas de ellas un paisaje lleno de zanjas y búnkeres que habrán de restañarse y eliminarse. 

La España constitucional sólo se entiende desde el mutuo reconocimiento de la legitimidad política entre los actores democráticos. No desde la exclusión ni la demonización, no desde los muros ni los fortines, sino desde el respeto a la nación de todos como un espacio abierto, plural y libre que se comparte para crecer.

Por esta razón, todo aquel espacio del Estado que se haya visto afectado por el espíritu guerracivilista con que Sánchez ha impregnado todos sus actos habrá de ser restituido a su situación originaria. Y deberán ser desactivados todos aquellos elementos ideados por Sánchez para demoler el principio de recíproca aceptación de legitimidades entre las diferentes opciones políticas.

El primero de ellos es la Ley de Memoria Democrática que, bajo el pretexto de reparación a las víctimas, ha establecido una falsa fuente de legitimidad democrática de raíces claramente totalitarias. Lo hace mediante la instauración de un pasado «indiscutible» que supone una quiebra de la libertad en todas sus manifestaciones, como bien dice el historiador Manuel Álvarez Tardío. 

En su breve ensayo El Gobierno de la verdad. De la Transición desmemoriada a una memoria anticonstitucional, recientemente publicado por la Fundación Transición Española, Álvarez Tardío advierte que «la democracia española ha cruzado un umbral que conduce a espacios habitados sólo por los regímenes autoritarios, donde una memoria se erige en oficial».

Estas maniobras revisionistas en la oscuridad están pensadas para dividir a los españoles entre buenos y malos demócratas según su grado de comunión con las ruedas de molino oficiales acerca de un pasado complejo. Tal propósito pretende estabular a los ciudadanos en razón de que su pensamiento sea digno de elogio o reproche por el poder, para clasificarlos en españoles de primera o de segunda.  

Sánchez ha socavado las instituciones que garantizan la convivencia en una temeraria apuesta por resucitar los peores capítulos de nuestra Historia. La deslegitimación del adversario, no ya sólo como alternativa democrática, sino incluso como actor político, evoca el precipicio donde se despeñó España en los años 30 del siglo pasado. Fue precisamente el que las izquierdas y las derechas reformistas quisieron evitar en el proceso de transición de la dictadura a la democracia.   

A esto se añade otra de las más corruptas prácticas del sanchismo: la identificación de las instituciones con el partido socialista, que ha supuesto una malversación de sus obligaciones de neutralidad en defensa del interés general. Que esta malversación pueda llevar aparejada la consideración penal por el desvío de fondos públicos, como en el caso del CIS de Tezanos, lo habrán de decidir los tribunales.   

En otras situaciones, como la del Tribunal Constitucional, sería esperable que den un paso al lado aquellos magistrados que forzaron las leyes no escritas sobre la higiénica reserva a que ex ministros y otros cargos políticos ocupen sillón en el organismo de garantías constitucionales. Sería lo lógico en el caso de que Sánchez pierda el poder, como muchos españoles deseamos y esperamos, ya que los colocó allí para convertir el TC en un abusivo tipex de las sentencias del Supremo que entrañasen un perjuicio para su Gobierno y su partido. 

Otro tanto sucede con la cúpula de la Fiscalía General del Estado, desmerecedora de la altísima competencia de tantos fiscales al servicio del bien común, enajenada a raudales por comportamientos absolutamente contrarios a su misión de velar por la legalidad, los derechos de los españoles y el interés público amparado por la ley. 

La insólita caída en el delito por parte del anterior fiscal general Álvaro García Ortiz para atacar a una rival política de Sánchez refleja la abisal degradación de las instituciones en manos del PSOE. Al igual que el escalofriante episodio de las amenazas y coacciones contra la instructora del caso de David Sánchez Pérez-Castejón, la juez Beatriz Biedma, con un clan de narcos de por medio.

Pero no es menos ilustrativa la connivencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la cabecilla de las cloacas del PSOE, Leire Díez, para supuestamente torpedear las investigaciones de la UCO contra la corrupción del Gobierno, el partido y la familia de Sánchez. 

Del control de daños sobre el Estado emergerá, a pesar de Sánchez, una realidad esperanzadora, sostenida por una sociedad esforzada y creadora que cuenta con la entrega y profesionalidad de la inmensa mayoría de los empleados públicos. 

Los abusos, atropellos e incompetencias de los altos cargos y directivos designados por el Gobierno del PSOE y Sumar al frente de los departamentos ministeriales y las empresas públicas no pueden empañar la ejemplar dedicación al bien común de tantos servidores del Estado. 

Si alguien conoce bien esa realidad es Alberto Núñez Feijóo y en ella funda buena parte de su proyecto de reconstrucción nacional para dejar atrás de una vez por todas, a partir del 29-N, una España cuyas energías ha dilapidado Sánchez en su empeño de dividirla y enfrentarla para tratar de aferrarse al poder. 

Es la hora de que España dedique todas sus fuerzas a cuidar de sí misma para reconstruirse. Es la hora de la nación de todos y para todos.