Cómo quitarle el Constitucional a Sánchez

Pedro Sánchez ha podido hacer lo que ha querido, desde vulnerar la Constitución a aprobar la eutanasia, porque ha dispuesto de una apisonadora que ha pasado por encima de las sentencias de los tribunales de justicia. Se trata del Tribunal Constitucional (TC), donde reina Cándido Conde-Pumpido, quien, aparte de fiel ejecutor de los deseos de Moncloa, es el último juez ejerciente que juró lealtad a Franco.

El pucherazo que estaba tramando el PSOE con el regalo de la nacionalidad a cientos de miles de sudamericanos descendientes (supuestos o reales) de exiliados españoles ha sido paralizado por el Tribunal Supremo gracias a la acción de varias asociaciones y de Vox. Sin embargo, a la vista de la reacción nerviosa y desabrida del Gobierno y de sus aliados parlamentarios, así como de sus medios de comunicación adictos, cabría esperar una intervención repentina del TC para corregir al Supremo.

El objetivo sería anular las medidas cautelares del Supremo para expulsar del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) a los extranjeros convertidos en ciudadanos españoles merced a la instrucción administrativa dictada por Sofía Puente como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022, sólo seis días después de la aprobación por las Cortes de la Ley de Memoria Democrática. Y esa intervención ya está en marcha.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ex ministro de Rodríguez Zapatero, presentó el día 16 de octubre recurso de amparo para solicitar al TC “medidas cautelarísimas” a fin de que se permita el voto en las elecciones a los nacionalizados de manera ilegal. Es tal la prisa del PSOE que Gabilondo no ha esperado a que se agote la vía judicial ordinaria (arts. 43 y 44 de la Ley Orgánica del TC).

La activación del Defensor del Pueblo no ha sido una sorpresa para nadie. La sorpresa sería que el TC rechazase el recurso de amparo, como hace con más del 99%. Según la memoria de 2025 del TC, el año pasado rechazó 9.336 amparos y sólo admitió 59. ¿Cómo podría pararse esa nueva intromisión del TC para permitir el mantenimiento de Sánchez en el poder?

Una de las vías la ha señalado el Tribunal Supremo, cansado de burlas. La sala de lo Penal ha señalado en varias resoluciones y autos que los magistrados del Tribunal Constitucional podrían enfrentarse a responsabilidades penales, incluyendo el delito de prevaricación, si dictan resoluciones que excedan flagrantemente de sus competencias o incurren en actuaciones al margen de la ley.

La asociación Hazte Oír presentó en el Supremo a principios de mes una denuncia contra Conde-Pumpido y otros seis magistrados de izquierdas por un presunto delito de prevaricación judicial al invadir competencias del Tribunal Supremo, cuando la mayoría del TC decidió que se declarase amnistiada la malversación de fondos públicos en que incurrieron numerosos cargos de la Generalidad catalana durante el “procés”, contra el pronunciamiento del Supremo.

Sin embargo, hay otro método, menos radical, pensando en quienes consideran la moderación como la guía de sus vidas. El art. 14 de la Ley Orgánica del TC dice así: «El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan».

Y este organismo, extraño al Poder Judicial, hasta el punto de que sus magistrados tienen plazo limitado de nueve años y son nombrados por el Gobierno, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial, lo forman doce juristas “de reconocida competencia”. Por tanto, dos tercios de doce suponen ocho. Según el reparto que han hecho el PSOE y el PP de los miembros del TC en estos años, siete magistrados militan sin fisuras en el bando sanchista, pastoreados por uno de ellos, Conde-Pumpido, y cinco del bando conservador.

Si los magistrados que defienden los principios del Derecho y el control al Gobierno, que son José María Macías, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa Tribiño y Concepción Espejel, se ausentasen de los plenos y las salas, bloquearían el funcionamiento del TC y le quitarían a Sánchez su última arma. El tribunal no podría seguir haciendo constitucionales cacicadas como la ley de amnistía a los separatistas catalanes, la ley de eutanasia y la anulación de las condenas a numerosos altos cargos de la Junta de Andalucía por la concesión de EREs.

Otro método que puede usarse para rechazar el recurso de amparo presentado por Gabilondo lo da el art. 50 de la LOTC. Para aceptar a trámite los amparos, la norma exige la unanimidad de las secciones del TC, que son cuatro y las forman tres magistrados. Con que el magistrado decente que haya se oponga al recurso, éste sería rechazado. O así debería ser.

Familia de juristas leales a Franco

Cándido Conde-Pumpido está volcado en proteger a Sánchez desde antes de ser elegido presidente del TC, lo que ocurrió en enero de 2023, cuando la mayoría izquierdista incumplió la costumbre de repartirse entre los dos bloques la presidencia y la vicepresidencia del organismo como muestra de equilibrio y respeto.

En junio de 2021, se decantó, junto a otros cuatro magistrados progubernamentales, en contra de la sentencia mayoritaria que consideró que, para enfrentarse a la pandemia, el Gobierno debía haber declarado el estado de excepción en lugar del estado de alarma. Esta doctrina se rectificó en 2024, cuando el bloque socialista ya dominaba el TC.

¿De dónde le viene al jurista gallego la sumisión al poder? Quizás de su familia. Su padre, Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, fue fiscal y magistrado durante el franquismo. Precisamente, Conde-Pumpido Tourón es ya el único juez que queda en ejercicio en España que juró lealtad al general Francisco Franco como jefe del estado y caudillo de España, puesto que se incorporó a su plaza de Puebla de Sanabria (Zamora) en 1973. También juró fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales. Y estos compromisos los tomó el joven Cándido voluntariamente, ya que podía haberse dedicado al mundo privado, en vez de ingresar en la Administración. Por tanto, no consideraría su conciencia incompatible con el régimen franquista.

Conde-Pumpido accedió al Tribunal Constitucional como magistrado en 2017, por nombramiento del Senado, junto con otros tres juristas, gracias a un acuerdo entre el PP y el PSOE. Entonces, gobernaba España el PP y habitaba Moncloa Mariano Rajoy. El secretario general del PSOE ya era Pedro Sánchez, que sabía perfectamente a quiénes proponer.

El mandato de quien desempeñó el cargo de fiscal general del Estado entre 2004 y 2011 (todos los años de Zapatero como presidente del Gobierno), concluyó en diciembre pasado y desde entonces el PP, que controla el Senado con mayoría absoluta, no ha dado ningún paso para nombrar a los nuevos cuatro magistrados que le corresponde a la Cámara Alta de las Cortes.

El PSOE, en cambio, se está moviendo y quiere sustituir a un peón obediente por otro. Los socialistas están presentando en varios parlamentos autonómicos al profesor gallego Francisco Caamaño, que fue ministro de Justicia de Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011. Mientras se tramita su nombramiento, Caamaño se entretiene y aumenta sus ingresos con el puesto de consejero en la empresa Enagás, donde representa los intereses del organismo público de la SEPI.

Si el PP aceptara este nombramiento, en el TC habría dos ex ministros socialistas: Caamaño y Juan Carlos Campo, al que nombró directamente Sánchez después de haberlo tenido entre 2020 y 2021 en su consejo de ministros como ministro de Justicia. Éste intervino en la redacción de los estados de alarma durante la epidemia de covid que el mismo TC declaró inconstitucionales, y también en la concesión de indultos a los políticos catalanistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de caudales públicos.

En el Senado se explica la renuencia del PP a proceder a la sustitución de Conde-Pumpido y de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón y José María Macías porque el partido de Alberto Núñez Feijóo tal vez espera una victoria tan amplia en las elecciones generales de noviembre que alcance los tres quintos con sus escaños, más los de Vox y UPN, y pueda nombrar a tres de cuatro. Sin embargo, la coalición entre el PSOE y el Frente Amplio indica que la izquierda puede volver a controlar la Cámara Alta e imponer a Caamaño.

Mientras tanto, Conde-Pumpido, el último juez que juró obediencia a Franco, ahora apaña sentencias para Sánchez, a no ser que los cinco magistrados que no pertenecen al bando socialista se rebelen.