Almeida se juega en 20 días el cobro de 663 millones en multas por la anulación de las ZBE

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 15/07/2026 13:16
  • Actualizado: 15/07/2026 13:18

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado abrir una pieza separada para la ejecución forzosa de la sentencia que anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. La decisión llega a instancia de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Así consta en una providencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que concede un plazo de 20 días al equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida y al resto de las partes para presentar alegaciones. El tribunal deberá determinar ahora cómo debe cumplirse una resolución ya firme.

Cobros en el aire

Con este movimiento, la asociación busca evitar que los afectados tengan que acudir uno a uno a los tribunales para lograr la anulación de sanciones dictadas al amparo de una normativa declarada nula. AEA lo resume como el fin de un «insoportable peregrinaje de recursos judiciales».

La entidad reclama al Gobierno municipal la paralización inmediata de los procedimientos de cobro y de los embargos que, según denuncia, la Agencia Tributaria de Madrid sigue ejecutando por multas ligadas a las restricciones de acceso a las ZBE.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, se ha mostrado tajante afirmando que «el Ayuntamiento de Madrid no puede proyectar una imagen de administración tramposa ante los ciudadanos al pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la Justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho». El dirigente exige, además, la suspensión de los expedientes y la devolución de las cantidades cobradas.

Anulaciones en cascada

De forma paralela, según la AEA, distintos juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid están desmontando la estrategia del equipo de gobierno, que pretende limitar los efectos de la nulidad a las multas de los distritos de especial protección de Centro y Plaza Elíptica.

Las últimas sentencias del Juzgado número 15, en línea con los criterios ya fijados por los juzgados números 29 y 34, obligan al Consistorio a anular todas las multas de 200 euros impuestas en cualquier vía afectada por las ZBE de la capital, y no sólo en las zonas de especial protección.

Para Arnaldo, este frente judicial «pone en jaque la recaudación municipal»: el impacto potencial supera los 3,4 millones de expedientes sancionadores, por un importe de más de 663 millones de euros, correspondientes a las denuncias formuladas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tres golpes jurídicos

Las resoluciones se apoyan en tres fundamentos que, según señalan desde AEA, desautorizan la tesis municipal. El primero: al declararse ilegales los anexos que definían el territorio y el calendario de las restricciones, el artículo que regulaba las ZBE ha quedado «materialmente vacío de contenido».

El segundo se refiere al derecho sancionador, en el que debe aplicarse de forma retroactiva la norma más favorable al ciudadano mientras la sanción no sea firme. Es un principio que juega a favor de los conductores con multas aún recurribles.

El tercero es más contundente: sin una delimitación territorial legalmente válida, el ayuntamiento carece de amparo normativo para sostener o tramitar sanción alguna por circular por las calles afectadas.

El origen del choque

El conflicto se remonta a septiembre de 2024, cuando el TSJM declaró la nulidad de pleno derecho de preceptos esenciales de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaban las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid.

Aquella resolución quedó firme después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, dejando las restricciones de la capital en un limbo legal que los juzgados están resolviendo a favor de los conductores.

Con la pieza de ejecución ahora abierta, la Justicia madrileña deberá fijar el modo en que el Consistorio tiene que dar cumplimiento a la sentencia mientras se acumulan las resoluciones sobre los recursos de los sancionados.

El desglose de la factura

Según los datos aportados por AEA con fecha de 31 de diciembre de 2025, el grueso de las denuncias se concentra en la ZBEDEP de Distrito Centro, con 1.859.737 sanciones por 355.110.580 euros. La ZBE de Madrid —la que el Ayuntamiento «no quiere anular»— suma 1.016.115 multas por 203.220.800 euros, mientras que la ZBEDEP de Plaza Elíptica acumula 548.892 denuncias por 104.954.240 euros. En total, 3.424.744 expedientes por 663.285.620 euros.