Admitida a trámite una demanda contra el Gobierno de Getafe por ocultar los contratos y sueldos de su empresa de limpieza
El PP acusa a la alcaldesa de ocultar información clave en la gestión de la empresa municipal de limpieza
El Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite una demanda del Grupo Municipal del PP contra el Ayuntamiento de Getafe por no entregar a la oposición la documentación de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente (LYMA). La demanda se tramita por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales y reclama los contratos de directivos, las nóminas, las contrataciones de personal y las subvenciones de la sociedad pública.
El procedimiento, con el número 472/2026, se sigue en la Plaza 9 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. El Ayuntamiento y LYMA, personada como parte interesada, pidieron que no se admitiera. Alegaron que no existía inactividad municipal y que el grupo popular carecía de legitimación. El Ministerio Fiscal informó a favor de continuar, y el tribunal acordó seguir adelante con el procedimiento por auto de 15 de septiembre. En él razonó que la posible lesión del derecho debe analizarse en el fondo y que inadmitir la demanda supondría prejuzgarla.
El PP sostiene que se ha vulnerado el derecho de sus concejales al ejercicio del cargo público, recogido en el artículo 23 de la Constitución. La Ley de Bases de Régimen Local reconoce a todos los concejales el derecho a obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno la información necesaria para su función. Esa petición debe resolverse de forma motivada en cinco días naturales. El reglamento estatal que desarrolla la ley establece que, si no hay una denegación expresa en ese plazo, el acceso se entiende concedido.
La petición que originó el pleito se registró el 4 de junio de 2026. La firmaba el portavoz popular, Antonio José Mesa, junto a otros tres concejales que forman parte del consejo de administración de LYMA, y reunía solicitudes anteriores que seguían sin respuesta. En total recoge 36 apartados: los contratos de alta dirección, las nóminas de 2024 a 2026, el organigrama, los procesos de selección, los despidos e indemnizaciones, las actas del consejo desde junio de 2023 y una subvención del programa Primera Experiencia Profesional financiada con fondos europeos Next Generation. El 2 de julio, el grupo popular presentó un requerimiento formal para que se le entregara la documentación.
Según la demanda, el expediente que el propio Ayuntamiento remitió al tribunal, certificado el 7 de agosto, contiene seis documentos y 80 folios. Son las peticiones del PP y sus justificantes de registro, sin ninguna respuesta municipal. Antes, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos inadmitió el 1 de diciembre de 2025 una reclamación del grupo. Lo hizo al considerar que el silencio del Ayuntamiento equivalía a estimar la solicitud.
La gerente de LYMA es María Nieves Sevilla Urbán, que fue teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social y Cooperación en anteriores gobiernos de Sara Hernández. El PP llevó al pleno de octubre una proposición para pedir su destitución. En julio, PSOE, Más Madrid-Compromiso con Getafe y Podemos rechazaron otra iniciativa que instaba a la alcaldesa a explicar por qué no se facilitaba la información.
La petición de cese no ha llegado solo de la oposición. El 18 de septiembre, el comité de empresa de LYMA, con las siglas de UGT, CGT y CCOO, registró un escrito dirigido a la alcaldesa. En él solicitaba la destitución inmediata de la gerente, de la directora de Recursos Humanos y del director de Producción. El comité denunciaba el uso «masivo y desproporcionado» de horas extraordinarias durante julio y agosto en lugar de contratar personal. También que se requirió a trabajadores en vacaciones para reincorporarse. «¿Quién tomó estas decisiones, con qué criterios y bajo qué responsabilidad?», planteaba el escrito.
«Llevamos un año y medio reclamando información sobre la sospechosa gestión de la alcaldesa en la empresa municipal pública de limpieza Lyma, pero nos la niega», ha señalado Mesa. «Tras agotar todos los trámites previstos en la Ley nos hemos visto en la necesidad de llevar este oscurantismo y falta de transparencia a la Justicia», ha añadido.
La demanda pide que se declare la vulneración del derecho fundamental y que se condene al Ayuntamiento a recabar la documentación de LYMA y ponerla a disposición del grupo popular. Admite que se omitan los datos personales que no sean necesarios y solicita que se impongan las costas a la Administración. El procedimiento está pendiente de sentencia.
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