Macarena Gómez se harta de la censura del #metoo patrio y emite un comunicado para defenderse

El #metoo patrio hace tiempo que llegó a nuestras fronteras y, de la misma manera que en Estados Unidos, su lugar de origen, tuvo su efecto boomerang, aquí está pasando algo similar. Hace un par de días la actriz Macarena Gómez y su marido Aldo Comas «se atrevieron» a decir que el rey está desnudo, es decir, tuvieron la «osadía» de expresar en libertad qué opinan con respecto a las denuncias anónimas y en redes sociales de mujeres que dicen haber sufrido abusos sexuales y lo hacen así, sin mediar una denuncia ni acudir al lugar adecuado; esto es, una comisaría o juzgado. Como era de esperar, la implacable censura del sacerdocio laico del #metoo, se les ha echado encima ante algo tan sensato como es reclamar que, ante una acusación de un delito, lo único válido es un juez y no un pantallazo de Instagram.

Lo que dijeron concretamente y en la alfombra roja de los Premios Forqué 2024 fue lo siguiente: «Estamos creando una caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta, ahora todos los tíos están cagados». Unas declaraciones que, en primer lugar, no son inciertas y que, en segundo y más importante lugar, son suyas, es su pensamiento (y el de muchos). Generar la duda sobre la respetabilidad de un hombre acusándolo en redes sociales de un delito tan execrable como es una agresión sexual, parece haberse convertido en el modus operandi de muchas mujeres que, por el mero hecho de serlo, ya no pueden incurrir en el terrible hecho de mentir. Y porque son mujeres hay que creerlas, aporten pruebas o no. Eso es lo de menos.

La caza de brujas de cierta parte de la sociedad

Todo esto derriba de un plumazo uno de los grandes logros del estado de derecho y que es la presunción de inocencia. Ya saben, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Una acusación en redes sociales y, además, anónima, no debería ser suficiente para una condena. De hecho no lo es en el ámbito penal. Pero, por desgracia, socialmente, sí. Es la «pena del telediario», es decir, acusar sin pruebas viralizando dicha acusación y dando por hecho que es culpable. Lógicamente esto siempre dentro del «criterio inquebrantable» de una parte de la sociedad que da por sentado siempre que la mujer, si acusa a un hombre, dice la verdad y, a su vez, este hombre es culpable por el mero hecho de su sexo.

Como en la caza de brujas en los peores años del protestantismo en los países del norte de Europa, como en el macartismo, como en las mejores sociedades comunistas, primero se señala, después se lapida, a continuación se juzga y si el reo es declarado inocente, ni se repara la culpa, ni se vuelve atrás en el daño generado. Y esto es, precisamente, lo que ha querido decir la actriz. Pero como para determinadas cosas en España hay santuarios inviolables, ha recibido una oleada de comentarios y críticas con insultos incluidos, lo que ha hecho que haya emitido un comunicado explicando, por si alguien (por lo que parece) no ha querido leer entre líneas lo que el otro día dijo y que no es, ni más ni menos, que ella rechaza absolutamente todo tipo de acoso sexual pero que desearía que las denuncias se hicieran en el lugar preciso y que no es precisamente en el muro de Instagram de nadie y sin presentar pruebas que avalen semejante acusación.

La actriz se ha visto obligada a dejar clara de una forma rotunda que, por supuesto está «frontalmente en contra y condeno enérgicamente cualquier tipo de abuso o agresión, física o psicológica, que lamentablemente sufren muchas mujeres hoy en día». Pero también reclama su derecho a expresarse libremente defendiendo y reafirmando así sus palabras del otro día. «Creo firmemente en el derecho fundamental a la libertad de expresión y en el derecho a opinar por el canal o medio que cada uno considere oportuno, pero creo de igual forma en la presunción de inocencia y en la labor de los tribunales como garantes de la justicia y de los derechos y libertades de todos los ciudadanos».

El resto del comunicado es un poco más de lo mismo y esta situación no deja de ser un déjà vu con respecto a las acusaciones y ejecuciones en plaza pública que se vienen acometiendo de unos años a esta parte y que ponen en peligro dos derechos fundamentales, el de opinión y el de la presunción de inocencia.