Martín Blas y el escolta jefe de Cospedal se suman a Pino como imputados por sobornar al chófer de Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de imputar a toda la cúpula policial por el uso de fondos reservados para sobornar al chófer de Luis Bárcenas para destruir pruebas.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acaba de imputar a toda la cúpula policial por el uso de fondos reservados para sobornar al chófer de Luis Bárcenas para destruir pruebas.
Los cinco principales nombres que pasan a estar bajo condición de investigados anticipan la gravedad del asunto y la escalada de la actuación judicial: Eugenio Pino, que ya estaba previamente imputado, era en aquella época director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional; sus dos ayudantes -los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano-; el ex jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal, Andrés Gordo. Y el que fuera jefe de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas.
García Castellón amplía de esta forma la investigación por la operación diseñada con efectivos policiales y que utilizó fondos reservados para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y evitar de este modo que los documentos llegasen a la Justicia convertidos en pruebas judiciales, tal y como adelantó OKDIARIO.
La nueva batería de citaciones de miembros de la estructura policial creada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha arrancado este jueves con la comparecencia como testigos de Enrique Barón, excomisario general de Información, y Manuel Morocho, inspector de la Policía encargado en origen de investigar el caso Gürtel y la caja B del PP que controlaba Bárcenas.
Ambos ocupaban puestos de responsabilidad en la Policía bajo mando de Eugenio Pino, que ya estaba previamente investigado en la causa junto al ex responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, por su implicación en el uso de fondos reservados.
La investigación analiza igualmente la participación en esta operación del comisario ya jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Asimismo, el juez citará también como testigo a Miguel Ángel Bayo, un facultativo adscrito a la Policía al que fuentes de la investigación señalan por ser el encargado de recoger y gestionar los fondos reservados para la Dirección Adjunta Operativa.
Hay que recordar que la operación se basó en el soborno al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien cobró 48.000 euros a lo largo de dos años a cambio de robar documentos de Bárcenas con el fin de que no llegaran nunca a la Justicia. Sergio Ríos, además, fue premiado con una plaza de policía a sus 40 años para poder tener un trabajo y sueldo permanente.