El Parlamento europeo reitera su apoyo a Guaidó y condena el «intento de golpe de Estado» de Nicolás Maduro
El pleno del Parlamento europeo ha condenado este viernes con firmeza lo que consideran un «intento de golpe de Estado» del régimen de Nicolás Maduro y de sus «aliados» contra la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, al tiempo que han reafirmado su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los eurodiputados consideran que los incidentes que impidieron la elección del presidente de la Asamblea Nacional ese día constituyen un «golpe de Estado parlamentario orquestado por el régimen ilegal de Nicolás Maduro», según denuncia la resolución adoptada en el pleno de Estrasburgo (Francia) por 471 votos a favor, 101 en contra y 103 abstenciones.
El texto se hace eco de «graves irregularidades» y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional para tratar de imponer al candidato progubernamental Luis Parra como nuevo presidente de la institución parlamentaria.
Por ello condenan «enérgicamente» lo sucedido y advierten que la Asamblea Nacional es «el único órgano democrático legítimo» del país y debe poder desempeñar correctamente su mandato constitucional.
Así las cosas, los eurodiputados reiteran el apoyo de la Unión Europea a Guaidó, cuya designación como presidente interino ha sido reconocido por más de 50 países, la mitad de ellos países de la Unión Europea, y también por la UE como bloque.
La Eurocámara, además, recuerda la disposición de la Unión Europea a respaldar un proceso genuino que conduzca a una resolución pacífica y democrática de la crisis, aunque lamenta que los esfuerzos realizados hasta ahora hayan concluido sin «ningún resultado tangible».
Por ello, aunque apuestan por seguir trabajando en iniciativas como el Grupo Internacional de Contacto, los eurodiputados piden al Alto Representante de Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell, que aumente la presión de los Veintiocho sobre el régimen de Maduro.
Así, la resolución europarlamentaria reclama la «ampliación de las sanciones específicas» contra las personas implicadas en violaciones de los Derechos Humanos y en la represión, también aplicándolas sobre «familiares» de estos responsables.
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